–La Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 20 años al exgobernador del Casanare William Hernán Pérez Espinel, al comprobar que, ademas de promover, auspiciar y financiar grupos paramiltiares, recibió de estas organizaciones tres mil millones de pesos para costear su campaña electoral.

Según el ministerio público el exmandatario del Casanare tuvo estrechos vinculos con el grupo paramilitar liderado por Germán Darío Buitrago Parada, más conocido con el alias de “Martín Llanos”, de quien era el hombre de confianza.

En fallo de única instancia, el ministerio público afirmó que quedó plenamente comprobado que Pérez Espinel, quien se desempeñó como gobernador entre el 2001 y 2003, incurrió en una falta disciplinaria gravísima y a título de dolo al poner su cargo al servicio del grupo paramilitar dominante en la zona, con el propósito de promocionar, auspiciar y financiar el mismo como “retribución” al hecho de que gracias a su apoyo accedió a esa dignidad.

De acuerdo con declaraciones dadas por Carlos Guzmán Daza, alias “Salomón”, considerado como el vocero político del grupo paramilitar, el entonces gobernador del Casanare manejo la contratación del departamento a través de cooperativas creadas con ese propósito como Conalde, Coopnal, Cooespro, Proteger y Codeter.

Adicionalmente, se comprobó la creación de una “oficina paralela” de la Oficina Jurídica de la Gobernación, la cual estaba destinada a adelantar todo el trámite de legalidad de la contratación ocultando su finalidad de cumplir compromisos previamente adquiridos.

La Procuraduría General de la Nación comprobó que el exgobernador Pérez Espinel pasó por alto todo el trámite de legalidad de la contratación pública, para poder cumplir sus compromisos financieros con la asociación delictiva, actuaciones que fueron objeto en su momento de sanción disciplinaria.

De igual forma, el ministerio público señaló entre otros de los contratos adjudicados de manera irregular, se encuentra el suscrito entre la Gobernación de Casanare y la Universidad de Cartagena, desconociendo de manera evidente los principios de selección objetiva, transparencia y economía, al no convocar a otras entidades públicas, no realizó estudios técnicos, administrativos, económicos ni jurídicos que determinaran la necesidad y conveniencia para el departamento.