De acuerdo con el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), la violencia de carácter político se deterioró de forma “grave” en 2015 y no necesariamente está relacionado de forma directa con el conflicto armado interno.

“Desde 2013 de hecho, se observó un fuerte incremento en el total de víctimas de esta violencia en comparación con los niveles de 2010 a 2012. En el 2013, esta cifra prácticamente se duplicó, jalonada por un aumento significativo en las amenazas relacionadas al ejercicio del rol político de las víctimas”, asegura el estudio.

De acuerdo con el informe, los asesinatos de líderes sociales, militantes de partidos políticos y sindicalistas aumentaron 35 % en 2015 frente al 2014 y pese a que las amenazas cayeron en el año anterior, el número de personas heridas aumentó levemente.

“Luego de una mejora temporal en las condiciones de seguridad asociadas a la violencia política en el 2014, el número de muertes aumentó durante el año 2015: pasó de 78 a 105 casos, lo que significa un incremento del 35 %”, indica el Cerac.

Para la Cerac, la violencia política es una de las amenazas “más serias para la seguridad” y se presenta a pesar de la caída en la intensidad del conflicto armado interno.

“Los militantes de partidos políticos y candidatos a cargos de elección popular asesinados, presentaron un incremento de 66 %, pasando de 15 a 25 casos y los casos de funcionarios públicos, profesores y periodistas aumentaron 31 % de 29 a 38 casos”, revela el informe.

El informe de la Cerac descubrió que de las 36 víctimas que reportan pertenencia a un partido político, 19 hacen parte de partidos y movimientos de oposición: 4 del Centro Democrático, 3 Alianza Verde, 3 Polo, 3 Marcha Patriótica, 3 Unión Patriótica, 2 Partido Comunista y 1 MAIS.

En un eventual escenario de posconflicto, la violencia política aparece como un “obstáculo directo a la construcción de paz” en territorios que tradicionalmente hayan sido afectados por el conflicto armado interno.

“Según el Programa Somos Defensores (PSD), el 15% del total (9 de 63) de defensores de derechos humanos asesinados el año pasado correspondía a líderes LGTBI en Colombia. Los activistas de derechos de esta minoría enfrentan un mayor riesgo en la región Caribe colombiana; Atlántico, Sucre, Valledupar y Magdalena”, develó le informe.

El Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos no descarta la versión de que los grupos de paramilitares se estarían reagrupando para generar más acciones violentas, aprovechando la coyuntura del proceso de paz que se adelanta en La Habana entre las Farc y Gobierno.