La solicitud fue hecha por la Organización Nacional Indígena, ONIC, además de 16 representantes del pueblo Wayuú, con la radicación de un documento en el que se pide que se declare el ‘Estado de Cosas Inconstitucionales’ en el departamento de La Guajira.

Como consecuencia de la problemática que se vive hace varios años en esa región de Colombia, los líderes indígenas coadyudaron una acción de tutela que busca que se ordenen acciones urgentes frente a la problemática que vive esta región.

El documento respectivo fue enviado a la magistrada Margarita Cabello, presidente de la Corte Suprema de Justicia. Según las organizaciones indígenas, se ha presentado una omisión sistemática de las autoridades frente a situaciones de desnutrición, agua potable y afectaciones, especialmente con los niños de las comunidades indígenas de la Guajira.

El documento explica que: “Es la debilidad institucional a nivel departamental y municipal, el desinterés estatal en resolver la situación, y al deficiente control en la ejecución de los recursos, los que han impedido consolidar una política efectiva para atender la crisis”.

Y se agrega una propuesta a la Corte Suprema de Justicia para la creación de «una comisión de seguimiento para las órdenes que se profieran, la cual podría estar presidida por un relator o comisionado especial».

Según el documento, se busca “que se establezcan o continúen medidas de atención de emergencia para garantizar la atención en salud de los niños y niñas del pueblo Wayuú afectados por desnutrición, las cuales deberán ser culturalmente aceptables”.