El alcalde de Riohacha, Fabio David Velásquez Rivadeneira y la Secretaria de Educación municipal, Dilcey Acosta, se declararon inocentes en el caso de corrupción en programas de alimentación escolar.

No aceptaron los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, falsedad ideológica en documento público y peculado por apropiación imputados por la Fiscalía General.

Frente a estos hechos, el fiscal del caso le solicitó formalmente al juez 81 de control de garantías de Bogotá que dicte medida de aseguramiento en contra del mandatario municipal y la funcionaria.

A ellos se les investiga por presuntamente haber entregado de manera irregular un contrato para la alimentación de estudiantes de primaria en la capital de La Guajira.

El millonario convenio fue adjudicado de manera directa, sin que celebrase un proceso de licitación como lo exige la ley para este tipo de casos.

El contrato tuvo un valor de 5.700 millones de pesos y fue entregado a la Asociación Social del Caribe (Asocar).
Su principal objetivo era brindar alimentación a 16.630 estudiantes de la jornada regular y otros 6.893 alumnos de la jornada única durante 10 meses.

Según con el fiscal del caso, los colegios urbanos y rurales de Riohacha no recibían los alimentos completos y en buen estado. Pese a esto, se añadió otro sí al contrato para que siguiera prestando el servicio.