–“En momento en que los esfuerzos deben centrarse en lucha contra la pandemia del Covid-19, instamos a todos los grupos armados ilegales de Colombia a que desistan de seguir perpetrando actos de violencia contra comunidades vulnerables, incluidas comunidades indígenas y afrocolombianas”.

Las precisiones les hizo Carlos Ruiz Massieu, jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, al intervenir este martes en una sesión virtual del Consejo de Seguridad de la ONU, para presentar el Informe Trimestral sobre el desarrollo del proceso de paz en el país.

“Así como diferentes sectores en Colombia se están uniendo para enfrentar la pandemia, es necesario que todos los sectores se unan para poner fin a la epidemia de violencia contra líderes sociales, defensores y defensoras de derechos humanos y excombatientes”, señaló.

Dijo que la pandemia COVID19 está teniendo un profundo impacto en Colombia y añadió que el proceso de paz sin duda sentirá sus efectos.

No obstante afirmó que “ha sido alentador ver como los colombianos y colombianas han encontrado respuestas a esta crisis y han respondido positivamente a los llamados a la unión”.

Por otra parte, indicó que una de las prioridades 2020 debe ser adoptar medidas para proteger líderes sociales, defensores derechos humanos y excombatientes. Las situaciones en Puerto Asís, Putumayo y Argelia, Cauca muestran que la violencia se ha mantenido en territorios a pesar de la cuarentena nacional”, señaló.

En cuanto al Acuerdo de Paz, Ruiz Massieu advirtió que la implementación depende de la interacción y colaboración constante entre las partes y actores que se están adaptando a este escenario cambiante para asegurar el seguimiento de asuntos relacionados con la paz.

Señaló que es importante fortalecer las bases de la reincorporación a largo plazo y asegurar que los beneficios lleguen a excombatientes, independientemente del lugar en que viven. Apoyar los proyectos colectivos pueden ayudar a reactivar las economías locales.

“La violencia en contra de excombatientes se ha mantenido a pesar de la cuarentena nacional”, dijo el representante de la ONU y reseñó que en los primeros meses de este año otros tres excombatientes han sido asesinados, para un total de 195 desde la firma del Acuerdo de Paz”.

En el informe detalla que entre el 27 de diciembre de 2019 y el 27 de marzo de la Misión verificó 16 asesinatos de exmiembros de las Farc, con lo que la cifra total desde la firma del Acuerdo de Paz asciende a 190 incluidas tres mujeres.

Los departamentos que a la fecha concentran más casos de exintegrantes de las Farc asesinados son Cauca, con 36; Nariño, 25; Antioquia 22 y Caquetá 20.

Ruiz Massieu pide que se agilice el trámite de 400 solicitudes de esquemas de protección que actualmente están pendientes y que no resolverlas puede traer riesgos para la seguridad de los exguerrilleros.

Cita el caso de tres desmovilizados que fueron asesinados mientras esperaban a que se implementaran medidas de protección y el d otros siete, cuando sus medidas de protección estaban siendo evaluadas por la Unidad Nacional de Protección, UNP.

“Debemos asegurar que comunidades, especialmente las víctimas, sigan estando al centro de esfuerzos de consolidación de la paz. Ningún esfuerzo debe escatimarse para garantizar la seguridad y protección en los territorios”, precisó.

Así mismo señaló que una de las prioridades 2020 debe ser adoptar medidas para proteger líderes sociales, defensores derechos humanos y excombatientes. Las situaciones en Puerto Asís, Putumayo y Argelia, Cauca muestran que la violencia se ha mantenido en territorios a pesar de la cuarentena nacional.

Además hizo un nuevo llamado para que la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad se reúna con regularidad y avance en la adopción de una política pública para desmantelar efectivamente las organizaciones criminales, teniendo en cuenta las propuestas formuladas por las organizaciones de la sociedad civil”.

Y pidió poner en marcha el Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política, previsto en el Acuerdo del Fin del Conflicto.

De otro lado, cuestionó el hecho de que en materia económica haya sido aprobados 49 proyectos productivos colectivos, para beneficiar a 2.156 excombatientes, y otros 1.225 proyectos individuales.

Al efecto advierte que más de dos tercios de los proyectos productivos se siguen llevando a cabo en predios arrendados y no se ha avanzado en la concesión de tierras para este fin.