La Procuraduría General de la Nación, sancionó con destitución e inhabilidad por 10 años para ejercer cargos públicos, al ex gobernador del Meta y ex senador Luis Carlos Torres Rueda, por graves irregularidades que originaron un millonario detrimento patrimonial del departamento entre los años 2000 y 2003.
La decisión de única instancia fue adoptada por el Procurador General de la Nación, Edgardo José Maya Villazón, quien encontró suficientes pruebas sobre la omisión del entonces gobernador, de asumir la representación legal del departamento, la dirección y manejo de la actividad contractual propias de su cargo, permitiendo en cambio que la Unidad Administrativa Especial de Proyectos y Contratación, adscrita a su Despacho, suscribiera convenios con las mismas entidades del departamento creadas con este propósito, tales como EDESA y CORPOMETA, para que fueran quienes, en últimas, realizaran la ejecución de los objetos contractuales.
Torres Rueda, investigado por la Fiscalía por posibles vínculos con paramilitares, y quien también es investigado disciplinariamente por esos mismos hechos, dejó en manos de otras dependencias “las funciones que le eran exigibles, las que, por su naturaleza, no podían ser transferidas”, señala el Ministerio Público.
La falta fue calificada como gravísima a titulo de dolo, pues con la suscripción de los cuestionados convenios, “omitió cumplir actos propios de sus funciones atribuidos por competencia a los Gobernadores, permitiendo que la Unidad Administrativa de proyectos y contratación, suscribiera los contratos y convenios del Departamento -en el año 2003-, en abierto desconocimiento de las normas a las cuales estaba sujeto”.
Sin embargo el ex gobernador, con el propósito de evitar cualquier tipo de responsabilidad penal o disciplinaria, se desatendió de sus responsabilidades en materia contractual dejando que la dirección de los procesos licitatorios, la celebración de contratos y convenios del ente territorial estuvieran, sin control, en manos de otras dependencias y se contratara con ellas, sin que las mismas contaran con la infraestructura ni el recurso humano suficiente y cualificado.
La Procuraduría hizo especial énfasis en el grave daño social que se causó con su conducta pues adoptar tales comportamientos para evadir la contratación estatal, es un mensaje equivocado para la sociedad que espera de los mandatarios que elige, un mayor grado de cuidado en el manejo y administración de las rentas públicas.
