Sólo un mes le queda para convertirse en la fórmula del Congreso para ‘autorreformarse’ o para hundirse sin que el Legislativo encuentre sanciones a los partidos salpicados por el escándalo de la parapolítica.

Pero a 30 días, el proyecto parece hundirse en un mar de inhabilidades y, con el tiempo justo, ni siquiera se han sido asignados los ponentes.

La atención se ha centrado en el presidente de la Comisión Primera, Juan Carlos Vélez, del Partido de la U, encargado de asignar los ponentes de la reforma y que se declaró impedido para hacerlo por haber llegado al Congreso en sustitución de Mauricio Pimiento, condenado la semana pasada por la Corte Suprema.

El senador Vélez dijo que sus argumentos tienen fundamento jurídico en dos sentencias previas del Consejo de Estado. La 1040 del 2006, que aprobó el impedimento de la senadora Martha Lucía Ramírez, quien en ese año, presidiendo la Comisión Segunda, se declaró inhabilitada para la discusión y aprobación del proyecto que buscaba aprobar el TLC.

En ese entonces, la senadora argumentó que no podía presidir las discusiones porque antes, como consultora externa, había trabajado con empresarios colombianos en asesorías sobre el TLC.

Con ese antecedente, Vélez considera que si algún legislador tiene impedimentos para la votación, “también los debe tener para presidir la Comisión”.

Mientras tanto, el Congreso espera un fallo del Consejo de Estado, solicitado Nancy Patricia Gutiérrez, y el Ministro del Interior Carlos Holguín Sardi.

El senador conservador Eduardo Enríquez Maya le pidió que conceptúe si los congresistas que tienen investigaciones preliminares deben declarase impedidos para votar, lo que podría convertirse en un salvavidas de la reforma política.

Colprensa