170.000 vigilantes privados que existen en el país serán vinculados a la política de Seguridad Democrática del país. Así lo estableció uno de los tres documentos aprobados el lunes por el Consejo Nacional de Política Económica y Social, Conpes, el cual fortalece la función de los vigilantes privados como fuentes de información para la Fuerza Pública en la lucha contra la delincuencia y el terrorismo.

La medida fue tomada aceptando que gracias a esta población, se lograron resultados positivos en alianza con la Policía Metropolitana, como la captura de más de 1000 personas, decomiso de armas de fuego, recuperación de vehículos robados e incautación de automotores.

El superintendente Felipe Muñoz explicó que el Conpes también permite crear con el Ministerio de Protección Social mecanismos para garantizar los derechos laborales de los vigilantes.

“Nos vamos a reunir para cruzar la base de datos de la Superintendencia y del Ministerio en cuanto al pago de parafiscales. También para detectar qué empresas están cumpliendo no sólo con lo salarial, sino con temas como las cesantías, si están afiliados a las ARP de riesgos profesionales o a las cajas de Compensación”, aseveró Muñoz Gómez.

El Superintendente indicó que un diez por ciento de los vigilantes privados que hay en el país están en la informalidad; es decir, no tienen ningún tipo de protección ni garantías.

El funcionario destacó la aprobación del recaudo de una cuota a los servicios vigilados por la entidad, lo que le permitirá a la Supervigilancia fortalecer su labor de control e inspección sobre dicho sector.