A partir de julio, el Gobierno español ofrecerá a los inmigrantes en situación regular que van cayendo en el paro una serie de incentivos económicos para que vuelvan voluntariamente a sus países.

El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, impulsor de la medida, calcula que ésta afectará a más de un millón de extranjeros. Es decir, a la mitad de los 2,2 millones de ciudadanos extracomunitarios que residen legalmente en España.

La oferta del Gobierno es la siguiente. Los inmigrantes que acepten volver a sus países podrán cobrar todos los subsidios de desempleo que hayan acumulado en sólo dos pagos: uno del 40% y otro del 60% del total. Está por decidir cuál de esos plazos les será entregado antes de que salgan de España y cuál cuando lleguen al país de origen. Todos los trámites se harán a través del Servicio Público de Empleo Estatal.

Para percibir esas cantidades, los inmigrantes deberán renunciar a sus permisos de residencia y de trabajo, y comprometerse a no volver a España en los tres años siguientes, como mínimo. A partir de ese plazo pueden solicitar su vuelta, aunque la Administración se reserva el derecho a complacer o no su petición. En caso de que la solicitud sea presentada a partir de cinco años, el Gobierno se compromete a darle prioridad en las contrataciones en origen que se produzcan.

Si la invitación a los inmigrantes para que se marchen es una consecuencia del invierno económico cada vez más frío que padece España, los plazos de tres y cinco años para que puedan volver reflejan las expectativas del Gobierno de que, en tres años, la situación mejorará y «entrará en una fase expansiva y de creación de empleo», en palabras de Celestino Corbacho. Hasta entonces, el ministro de Trabajo e Inmigración calcula que los más de 165.000 parados extranjeros no comunitarios que había en España el pasado mes de abril seguirán aumentando.