Hernando Ruiz reconoció que casos como el de DMG son más complicados de lo que parecen y que no está facultado para tomar posesión de estas empresas, aunque sí puede llegar a liquidarlas.

Tras encontrar irregularidades contables y financieras, la Superintendencia de Sociedades le llamó la atención al Grupo DMG, protagonista del caso más sonado de supuesta captación irregular de dineros del público, para que organice sus balances financieros y su contabilidad.

Esta es la segunda decisión que toma el Gobierno sobre la misma empresa. La primera fue de la Superfinanciera, que la obligó a devolver el dinero que había captado. Pese a esto, uno de sus propietarios, David Murcia, insiste en que no capta dinero sino que hace ventas con tarjetas prepago.

¿Hasta dónde llega el poder del Estado para frenar estas actividades y evitar que ‘se vuelen’ con la plata de los clientes? Las pirámides (de las cuales hay 20 investigadas por la Fiscalía) se han convertido en una ‘papa caliente’ para varios entes de control.

El superintendente de Sociedades, Hernando Ruiz, explicó el alcance de las medidas adoptadas por la entidad en el caso específico de DMG.

¿Por qué el Gobierno no ha encontrado herramientas efectivas para frenar las pirámides?

Lamentablemente este fenómeno tiene muchas variables.

Identificar cuándo la operación se hace con el fin de defraudar o estafar, además de considerar los principios de buena fe y presunción de inocencia, hace muy difícil que se pueda frenar desde el comienzo. Y sin lugar a dudas, el afán de dinero fácil y la flexibilidad moral impulsan el fenómeno en cualquier lado.

¿Está maniatado en este tema?

No. Lo que ocurre es que la competencia de la Supersociedades frente a estos mercados irregulares, el respeto al debido proceso y el derecho a la defensa no permiten acelerar las medidas. Pero las estamos tomando.

¿Cuál es el alcance de la medida tomada contra DMG?

Entre otras facultades que nos da la Ley 222 de 1995, la Superintendencia podrá ordenar la remoción de administradores, revisor fiscal y empleados, e incluso convocar a la sociedad a un proceso concursal (reorganización o liquidación judicial).

Igualmente, conminar bajo apremio de multas a los administradores para que se abstengan de realizar actos contrarios a la ley, a los estatutos o a las decisiones del máximo órgano social o junta directiva, u ordenar la suspensión de los mismos.

¿Se puede hablar de intervención?

En términos jurídicos sí es una modalidad de intervención económica, pero la Supersociedades no puede llegar a la toma de posesión de una empresa. El control es el máximo nivel de supervisión al que podemos llegar, y si las irregularidades no son corregidas, insisto, lo que puede seguir es la reorganización o la liquidación.

¿El de las pirámides en un problema legal o cultural?

A mi juicio es más de tipo cultural, por el afán de ganancias rápidas, la injustificada desconfianza en el mercado financiero legal y la alta dosis de creatividad de ciertos personajes, aplicada al mal.

¿Quién responde por el dinero captado si los responsables de la sociedad desaparecen?

Nadie. Como no hacen parte del mercado financiero, el Estado no puede brindarles ninguna protección a esos dineros.