La toma guerrillera a la población de Miraflores, Guaviare, hace 10 años, acaba de motivar una de las condenas más fuertes en contra del Estado. La falta de previsión por parte de las autoridades competentes y las fallas en las que incurrieron los uniformados que intentaron repeler el brutal ataque subversivo, fueron las razones fundamentales.

Según el expediente, las pruebas acopiadas durante estos 10 años demuestran claramente la falta de previsión en la que incurrieron las autoridades, pues esta era ya una toma anunciada. Esta fue la razón fundamental para que impusiera una sanción cercana a los 3 mil millones de pesos.

“La entidad demandada (Nación, Ministerio de Defensa y Policía) incurrió en fallas del servicio por no prever el ataque y por fallas en la respuesta armada de guerrilla a los agentes que se hallaban en el comando de la policía antinarcóticos ubicado en el zona comercial del municipio de Miraflores”, señala la providencia.

De la misma manera, aseguró el alto tribunal que muchos de los testimonios recogidos, entre ellos de algunos uniformados que sobrevivieron a la incursión guerrillera, dan cuenta de que “los agentes de la Policía que participaron en la confrontación armada causaron muchos de los daños cuya indemnización se reclama y que en ningún momento trataron de proteger a la población civil, que era usada como escudo por el grupo armado ilegal”.

Uno de esos testimonios fue entregado por el mayor de la Policía Víctor Orlando Mayorga, quien para la época de los hechos se desempeñó como comandante de la Policía en Miraflores, y quien aseguró que los guerrilleros dinamitaron el hospital, la Caja Agraria, el Juzgado, una bodega del Idema y una cuadra de comercio.

Esta versión fue desvirtuada por el agente Héctor Darío Alzate, quien al explicar lo sucedido durante el 6 y 7 de agosto de 1998 señaló, refiriéndose a la quema del hospital, que la conflagración se produjo debido a la gasolina que hasta allí llegó luego de que tres guerrilleros, que pretendían incendiar el comando de policía, fueran abatidos por los disparos que les hacían los uniformados desde las garitas. “Ese daño concreto fue causado por los agentes de la policía”, señaló el Consejo de Estado.

De la misma manera, lo dicho por el agente Alzate le permitió al alto tribunal establecer que algunas de las muertes de la población civil pudieron haberse causado por las bombas y las granadas arrojadas desde los aviones y por los uniformados. “Los agentes de la Policía lanzaron granadas contra los guerrilleros, por lo cual también pudieron causar lesiones a los pobladores o el incendio a los inmuebles”.

La decisión confirma que en efecto el despliegue de fuerza por parte de la Policía pudo haber ocasionado varios de los daños sufridos por los demandantes.

De esta manera, el Consejo de Estado se opuso a los reparos que la Nación propuso en contra de las pretensiones de los afectados. Según el Estado, la estrategia militar usada en ese momento era la que correspondía a una situación como la que se vivía, y los daños causados fueron cometidos por la guerrilla.