El presidente de la Asamblea del Huila, Carlos Augusto Rojas, rindió indagatoria ante la Fiscalía Primera Especializada de Derechos Humanos. El diputado conservador fue capturado el miércoles pasado en Neiva, vinculado a la investigación por el crimen del periodista huilense Nelson Carvajal Carvajal.

En medio de una prolongada diligencia judicial que se extendió durante cinco horas, el diputado no solo conoció las acusaciones en su contra y los autores de los señalamientos sino que logró controvertir las pruebas para demostrar su inocencia.

La indagatoria, que inició a las tres de la tarde, se extendió hasta las 8:00 de la noche en el búnker de la Fiscalía General de la Nación en compañía Ricardo Falla, su abogado defensor.

“Nos pidió que le enviáramos con su esposa (Ángela Sofía Ayerbe) los comentarios de sus amigos y los artículos de prensa que han salido de su detención”, dijo un allegado de Rojas Ortiz, sindicado de homicidio agravado.

El fiscal instructor, que señaló a Rojas de “determinador” del crimen de Carvajal, vinculó al proceso a Giovanni Molano Bonilla, alias ‘Oswaldo Patiño’, y Franklyn González Ramírez, guerrilleros de las Farc, y libró órdenes de captura en su contra.

SIP satisfecha
Al tiempo que el ex concejal laboyano cumplía la diligencia, la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, expresó su satisfacción frente a las decisiones tomadas por la Fiscalía tendientes a esclarecer el asesinato del periodista y docente Carvajal Carvajal.

El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Gonzalo Marroquín, director del diario guatemalteco Prensa Libre, en la página Web de la SIP mostró la complacencia de la organización, “en especial porque nos demuestra que hay un esfuerzo a nivel local e interamericano de hacer justicia, más allá de los resultados que en definitiva se puedan lograr”.

La SIP elevó a la CIDH el caso de Carvajal el 21 de junio de 2002, siendo admitido el 11 de noviembre de 2004. Desde entonces se abrió un proceso de negociación entre la SIP y el Estado colombiano que derivó en nuevas acciones del Gobierno para esclarecer el caso, entre ellas que el Consejo Superior de la Judicatura abriera en 2007 un proceso disciplinario interno para establecer posibles irregularidades en la administración de justicia.