La Procuraduría General de la Nación, solicitó a la Corte Constitucional declarar inconstitucional el Estatuto de Desarrollo Rural por considerar que se vulneraron con el mismo los derechos de consulta y participación de las minorías étnicas, dado que la consulta previa a la tramitación y expedición de la ley no se dio.
La ley a la que se hace referencia contiene el conjunto sistemático e integrado de los principios, objetivos, normas, lineamientos de política, mecanismos y procedimientos a través de los cuales el Estado colombiano pretende promover y ejecutar las acciones orientadas a lograr un desarrollo humano sostenible y el bienestar del sector rural, en condiciones de equidad, competitividad y sostenibilidad.
De conformidad con la constitución y la jurisprudencia constitucional el derecho de consulta previa para garantizar los derechos de las negritudes y los indígenas, que no se cumplió, tiene el carácter de fundamental y se debe aplicar de conformidad con los usos y costumbres de la étnia afectada cada vez que se prevea una medida, legislativa o administrativa, que tenga la virtud de afectar en forma directa a las etnias que habitan en su territorio.
El Estatuto de Desarrollo Rural pretende beneficiar a los hombres y mujeres campesinos, a las comunidades indígenas, comunidades negras y demás minorías étnicas mayores de 16 años, de escasos recursos o que no posean tierras, razón por la cual es tan importante la participación activa de los actores, en la tramitación de esta clase de leyes, manifestó la Procuraduría.