El presidente Alvaro Uribe Vélez aseguró este martes que según información directa que recibio del fiscal general de la nacion Mario Iguaran, los muchachos desaparecidos en Bogotá y Soacha y que aparecieron muertos en Norte de Santander, no fueron ajusticiados.

“Murieron en combate”, señalo el primer mandatario en el marco de la instalacion de la Asamblea de la Anif esta mañana en Bogotá.

El jefe del Estado dijo que el fiscal Iguaran Arana indico que los muchachos no fueron a recoger café ni murieron al dia siguiente de haber llegado a la region, sino un mes mas tarde.

Tambien señalo que el fiscal informo que fueron reclutados y entrenados por bandas delincuenciales y que el ejercito nacional permitio el levantamiento de los cadáveres.

El presidente Uribe destacó que el informe del Instituto de Medicina Legal establecio que los cuerpos registraban varias heridas de bala y que no fueron ajusticiados por el Ejercito.

Independientemente, se pronuncio sobre el particular el comandante de las Fuezas Militares, general Freddy Padilla de Leon, quien advirtió que todas las evidencias recogidas en la investigación establecen que los muchachos fueron muertos en combate y que no se trato de un “falso positivo”.

Tambien resalto el informe de Medicina Legal que, dijo, con pruebas tecnicas establecio que los disparos que recibieron los jóvenes se hicieron desde lejos y que esto descarta un ajusticiamiento.

SEGURIDAD DEMOCRATICA

En otra intervencion en la instalación de la XVIII Asamblea General de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras (Olacefs), el presidente Uribe hizo una evaluacion de los resultados de la Seguridad Democrática.

“Hemos logrado resultados materiales. Faltan muchos, pero vamos siempre en una senda de progreso”, preciso el primer mandatario para resaltar resultados inmateriales, intangibles, no cuantificables.

Los pronunciamientos hechos por el presidente Uribe al respecto, son los siguientes:

Los colombianos tienen hoy más confianza. Han superado la indiferencia de muchos y han superado la tentación, que muchísimos tenían, de resolver el problema de seguridad por sus propios métodos.

Hoy hay más confianza en el colectivo, más confianza en las instituciones, más confianza en las Fuerzas Armadas, más confianza en la Justicia.

Hoy vemos que se da un gran intangible: la recuperación de los colombianos de la confianza para poder reclamar la provisión del servicio esencial de seguridad de parte de las entidades del Estado.

Es bien importante, también, poder decir que el Estado ha recuperado el monopolio para combatir a los violentos y el monopolio para ejercer Justicia.

Colombia tenía aproximadamente 60 mil terroristas. En esta administración se han desmovilizado 48 mil. Enfrentamos un gran desafío costoso y difícil que es la reinserción de todos los desmovilizados.

Hemos superado el paramilitarismo y hemos debilitado bastante a las guerrillas. Unos y otros, aparentemente en polos antagónicos, sin embargo unidos por el negocio criminal del narcotráfico.

Cuando digo que hemos desmontado el paramilitarismo, lo digo por que hoy en Colombia quedan guerrillas y bandas criminales. Pero ya no hay bandas criminales cuyo propósito sea combatir a otros criminales.

Los paramilitares se crearon en Colombia y la palabra se adoptó para denominar las bandas privadas criminales cuyo propósito era combatir a la guerrilla. Hoy, en Colombia, el combate a los criminales es tarea exclusiva del Estado.

De los desmovilizados han reincidido unos tres mil. Están activos unos 400. Así como ha sido generosa nuestra política de reinserción, también ha sido rigurosa en materia de combatir a los reincidentes.

Aquellos que reinciden, no reinciden hoy como paramilitares, de acuerdo con la acepción original del término. Están simplemente en el secuestro, en el narcotráfico, en la extorsión, en el terrorismo. Y en las regiones de la Patria que visitamos periódicamente en compañía de nuestras fuerzas armadas se unen con la guerrilla.

En una región encontramos la guerrilla produciendo coca y comercializando esa coca con bandas criminales que anteriormente se pudiera haber pensado pertenecían a las organizaciones paramilitares, en lugar de estar hoy enfrentadas están asociadas alrededor del negocio del narcotráfico y el Estado, de manera eficiente e imparcial y transparente, combatiéndolas a todas.

La Justicia en Colombia también ha recuperado el monopolio para el Estado. En muchas regiones había sido derogada por las guerrillas y en otras regiones, por los paramilitares.

Hoy vemos una recuperación bien importante del monopolio del Estado para la prestación del servicio de administración de Justicia.

Otros intangibles bien importantes:

Los colombianos han perdido el temor a denunciar; los colombianos han perdido el temor a dar testimonio. Uno de los grandes obstáculos para ejercer la Justicia antes de que llegara la política de Seguridad Democrática, era el temor de los ciudadanos a denunciar o a rendir testimonio, porque, además, consideraban que era crearse un riesgo muy peligroso en lo personal y de consecuencias inocuas, intrascendentes para el mejoramiento de la seguridad y para el mejoramiento de la Justicia.

Los colombianos hoy se sienten más seguros, más confiados; denuncian y, además, rinden testimonio.

Las víctimas encuentran hoy que su reclamo es útil

El tema de las víctimas es un tema hoy de gran importancia. Todos sabíamos del número creciente de víctimas, pero el tema no aparecía en las prioridades de la agenda política ni las víctimas reclamaban por temor o porque encontraban totalmente, totalmente inútil el reclamo.

Hoy encuentran que su reclamo es útil. Han comparecido a reclamar sus derechos más de 150 mil víctimas. Estamos haciendo un esfuerzo que en los próximos años puede costar 3 mil 500 millones de dólares en materia de reparación de victimas.

Reparación total no hay. Pero un esfuerzo de reparación produce un logro de reconciliación. Allí donde a través de la reparación se sana una herida, cicatriza una herida, se conjura, también, la posibilidad de una expresión de venganza, se anula el crecimiento de un sentimiento de odio.

Consideramos que el esfuerzo de reparación es fundamental para la reconciliación de los colombianos.

Estamos trabajando, pues, para avanzar en este proyecto se seguridad. Y lo hacemos con un país abierto a la crítica internacional. Aquí, ONG nacionales e internacionales vigilan la marcha del Gobierno y de las Fuerzas Armadas todos los días. Hay mucha crítica, pero están totalmente, esos representantes de los organismos de derechos humanos, protegidos por la política de seguridad del Estado.

Para nosotros, la vigilancia internacional es de fundamental trascendencia, a fin de que se tenga confianza en Colombia. Es una expresión de la transparencia de la política de Seguridad Democrática. Transparencia que también tiene que expresarse en la obstinación por el respeto a los derechos humanos y que cuando va de la mano de la eficacia, se constituyen en los pilares para que esa política sea creíble. Credibilidad que en el Estado de opinión es lo único que la hace permanente en el largo plazo.

Seguridad y respeto por las libertades

Esta política de Seguridad Democrática está indisolublemente vinculada a nuestro respeto por las libertades. Para nosotros es fundamental el respeto por las libertades; todo el mundo las necesita.

El viejo marxismo decía que las libertades constituían una categoría de superestructura simplemente para desconocer las condiciones de explotación y poderlas reproducir.

Más tarde, la propia izquierda democrática se dio cuenta que sin libertades es imposible erigirse como alternativa de poder.

Nosotros creemos que más que insistir en esa división entre izquierda y derecha, hay que insistir en lo que es una democracia moderna, donde las libertades juegan un papel trascendente. Las libertades, como la seguridad, trascienden hoy las viejas barreras ideológicas y se expresan como presupuestos necesarios para que haya Gobiernos y alternativas de Gobierno.

Cohesión social

Estamos trabajando la cohesión social. Ya no es un patrimonio de la izquierda, es un patrimonio para la sostenibilidad de la democracia.

Nosotros la adaptamos a la prosperidad. Creemos que tiene que haber prosperidad y al mismo tiempo cohesión social. Que son variables mutuamente dependientes. Que si hay prosperidad se posibilita la cohesión social y que si hay cohesión social se convalida la prosperidad. Para la prosperidad, es fundamental el avance de la seguridad y el avance de la confianza inversionista.

Nosotros, a fin de avanzar en prosperidad, a fin de avanzar en confianza inversionista, le decimos al mundo que este es un país totalmente garantista de la inversión privada.

Le exigimos unas condiciones: las condiciones de la responsabilidad social. Una inversión privada en la cual no haya dudas sobre la transparencia en las relaciones entre los inversionistas y el Estado; transparencia en la asignación de contratos; transparencia en la solución de disputas; transparencia en la tributación.

Responsabilidad social expresada también en las responsabilidades de los inversionistas con las comunidades. Colombia era un país que producía 32, 34 millones de toneladas de carbón. Este año puede exportar más de 80 millones de toneladas de carbón. No puede haber extracción del mineral si no hay total respeto de las empresas extractoras por los derechos ambientales de las comunidades, más allá de los mínimos legales.

Ese es un presupuesto fundamental de solidaridad, una expresión de responsabilidad social sin la cual no puede prosperar la inversión”.