Pliego de cargos contra cinco de sus funcionarios, por su presunta incursión en el delito de concierto para delinquir, abrió la Procuraduría General de la Nación.

Según la resolución elevada por el jefe del despacho, Edgardo Maya Villazón, estos funcionarios, con su accionar, habrían favorecidos a varios alcaldes, gobernadores y congresistas.

Los ahora investigados fueron identificados como Ana Gilma Mahecha, Profesional Universitario grado 17; Adriana del Carmen Botero, asesora Grado 24; Luisa Fernanda Sierra Aldana, asesora Grado 19; María Patricia Ríos, sustanciadora grado 11 y Gustavo Quintero Quintero, asesor Grado 19, con funciones en la Procuraduría Delegada para la Descentralización y entidades territoriales, la Procuraduría Auxiliar para asuntos disciplinarios y Grupo Especial de Regalías.

“A juicio del ministerio público, los funcionarios pudieron incurrir en asesoría ilegal a los ex gobernadores del departamento de Casanare William Pérez Espinel, Miguel Ángel Pérez Suárez, Helí Cala López y Oscar Raúl Iván Flórez Chávez, así como a Flor Ángela Alfonso Montaña, en su condición de gerente de la Empresa de Aguas de Yopal y Lilián Fernanda Salcedo Restrepo, alcaldesa de Yopal”, indica el comunicado de la Procuraduría.