El Gobierno de Lula da Silva llamó este viernes a consultas a su embajador en Ecuador, Antonino Marques Porto, tras la decisión del Ejecutivo de Rafael Correa de suspender el pago de una deuda con el principal banco del Estado brasileño.

El jueves, el país andino anunció que no devolverá el préstamo de 320 millones de dólares (unos 250 millones de euros) concedido por el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), al considerar que los términos del acuerdo son «ilegales».

Gran parte de la deuda está vinculada a la construcción de la hidroeléctrica de San Francisco, que fue inaugurada en junio de 2007 y registró fallos estructurales hasta dejar de funcionar un año después. La obra fue ejecutada por un consorcio con participación de Odebrecht, una de las principales empresas privadas de Brasil.

«Hemos recibido con gran preocupación la noticia sobre la decisión del Gobierno ecuatoriano», afirmó en un comunicado el Ministerio brasileño del Interior, dirigido por Celso Amorim.

El ministro ya había advertido previamente de que la suspensión del pago supondría el fin de los intercambios comerciales entre ambos países.

Según la versión de Correa, una auditoría sobre el acuerdo llevada a cabo durante un año destapó indicios de «ilegitimidad, corrupción e ilegalidad» en gran parte de la deuda externa ecuatoriana, que asciende a 10.000 millones de dólares (unos 7.900 millones de euros).

El presidente ecuatoriano reiteró el jueves que su administración buscará a los culpables del proceso de endeudamiento irregular y afirmó que el «peso» de estos préstamos «debe ser trasladado por partes iguales a los responsables de adquirirla con chantaje y traición». «Cada cual tiene que asumir su responsabilidad, pagar con sus bienes lo que corresponde», añadió.