Justicia

Investigan al ministro del Interior de Colombia

La Fiscalía General de Colombia abrió una investigación preliminar contra el ministro del Interior y Justicia, Fabio Valencia Cossio, acusado de pedirle al jefe paramilitar Ramón Isaza que lo ayudara durante un proceso electoral en 1995 para renovar la plana directiva nacional del Partido Conservador.

Isaza, preso en Estados Unidos a disposición de una Corte Federal que lo juzgará por cargos de tráfico de cocaína, dejó constancia sobre la presunta solicitud de Valencia Cossio en una carta que fechó el 18 de septiembre de 1995, a la que El Nuevo Herald tuvo acceso.

Isaza envió copias de la carta al presidente Alvaro Uribe, que en esa época era el gobernador de Antioquia, además de los directorios nacional y departamental del Partido Conservador.

Valencia Cossio confirmó que fue “notificado por la Fiscalía General de la Nación, de la apertura de investigación previa para escucharme en versión libre y espontánea” sobre sus posibles nexos con el jefe paramilitar, que comandó durante años los escuadrones de la muerte que operan en la región central de Magdalena Medio.

La carta de Isaza está dirigida al propio Valencia Cossio, quien en esa época era senador, y en ella le informa: “recibí la visita de los doctores Gilberto Toro, ex secretario privado de la gobernación de Antioquia, y Pascual Agudelo, ex diputado de Antioquia, ambos pertenecientes a su grupo político”.

Isaza le dice que los dos políticos mencionados “fueron enviados por usted para que me dieran el mensaje de decirles a los concejales conservadores amigos míos que votaran por su nombre en la Próxima Convención Nacional Conservadora para conformar el nuevo Directorio Nacional”.

Valencia Cossio confirmó que “los hechos sobre los cuales el Fiscal General ordena esta actuación, tienen que ver con una carta que apareció hace 13 años, fechada el 18 de septiembre de 1995, supuestamente firmada por el entonces jefe paramilitar Ramón Isaza”.

De acuerdo con la Fiscalía General, la investigación tiene el propósito de “ver si la conducta denunciada tuvo ocurrencia, si tiene connotación de punible y quién o quiénes fueron sus autores”.

El caso contra el ministro fue abierto a partir de una denuncia que en abril del 2007 elevó ante la Fiscalía el senador opositor Gustavo Petro.

De acuerdo con Valencia Cossio, tras la denuncia de Petro “fueron llamadas a declarar varias personas mencionadas en la carta, las cuales desvirtuaron bajo la gravedad del juramento las afirmaciones contenidas en la misma”.

El ministro asegura que el narcotraficante hizo declaraciones públicas en las que dijo “desconocer de qué manera enviaron esa carta y sostuvo que la firma que aparecía allí era la suya, pero que suponía que la habían sacado de un sello que él utilizaba”.

Valencia Cossio sostuvo que, en cualquier caso, “soy respetuoso de las decisiones judiciales, las acato y me someto a las diligencias judiciales que se ordenen para aclarar mi conducta”.

En la carta, Isaza dice que “había conocido y tratado personalmente” a Valencia Cossio “en el municipio de Puerto Triunfo, al igual que a sus honorables representantes a la Cámara Humberto Tejada y Benjamín Higuita Rivera”.

Empero, en la carta el jefe paramilitar le dice a Valencia Cossio que no intervendrá en su favor para la elección.

A los dos supuestos delegados de Valencia Cossio, dice Isaza, “les respondí que yo no era político y que mi misión en el Magdalena Medio era muy distinta a la de hacer proselitismo político por usted”.

Valencia Cossio es el tercer ministro del Interior desde que Uribe asumió la Presidencia en el 2002 y su gestión ha estado marcada en el último año por diversos escándalos judiciales.

Recientemente, su hermano Guillermo León Valencia Cossio fue destituido del cargo de jefe de la Fiscalía General en el departamento de Antoquia y arrestado bajo cargos de pertenecer a la organización de Daniel Rendón Herrera, conocido como “Don Mario” y considerado por las autoridades colombianas y estadounidenses como el narcotraficante y paramilitar más poderoso en el país.

GONZALO GUILLEN / El Nuevo Herald