— La Procuraduría General de la Nación solicitó a la Corte Constitucional declarar constitucional el decreto legislativo 4335 de 2008 por medio del cual se le asignaron funciones a los Alcaldes y Gobernadores para el cierre de las llamadas “pirámides”.

Para el Ministerio Público las disposiciones en revisión no contienen restricciones o limitaciones al ejercicio de los derechos constitucionales y por el contrario son un mecanismo efectivo que pretende conjurar el grave riesgo y amenaza para los recursos entregados por el público, toda vez que no están sujetos a ningún control y carecen de las garantías y seguridades que ofrece el sector financiero autorizado por el Estado.

Considera la Procuraduría que la práctica ilegal de captación de recursos del público en forma habitual y masiva, tiene la potencialidad de atentar de manera grave e inminente contra la estabilidad institucional, el orden económico y social del Estado y la convivencia ciudadana siendo, además, deber del Estado asumir el control inmediato para contrarrestar sus efectos.

Como se recordará, la norma a que se hace referencia fue dictada a finales del año anterior dentro de la emergencia social, con el propósito de detener de manera cautelar la actividad de captación o recaudo no autorizado de los recursos del público que se traduce en una medida constitucionalmente válida en cuanto se hace a través de autoridad pública dotada de funciones de policía y sometida a control.

Adicional al cierre preventivo la norma estableció que el alcalde procederá de manera inmediata a dar aviso a la Superintendencia de Sociedades para lo de su competencia.