La erradicación manual de cultivos ilícitos; la aspersión aérea; incautaciones de precursores químicos; destrucción de laboratorios artesanales y la lucha frontal que las autoridades colombianas asumen diariamente contra el flagelo del narcotráfico, han permitido reducir ostensiblemente la producción de cocaína en el país.

Así lo han reconocido diversas autoridades internacionales, expertas en el tema, como la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (Jife), organismo que reconoce el esfuerzo de las autoridades colombianas y las políticas trazadas por el alto gobierno para erradicar esta problemática que afecta a los países de varios continentes.

Colombia va por buen camino en la erradicación de la coca, según la JIFE.

Colombia redujo los cultivos de coca a la mitad de lo que tenía en el 2000 ya que pasó de 163.000 hectáreas de coca a 78.000, según el Informe anual de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, JIFE.

Durante el año 2006 se incautaron 170 toneladas de clorhidrato de cocaína y cocaína base. Además, se intensificaron en el país las actividades de erradicación del cultivo ilícito de arbusto de coca en cerca de 214 mil hectáreas, un 26% más que en el 2005. Algunos esfuerzos de erradicación se vieron contrarrestados por el mejoramiento de los métodos de cultivo, por la siembra de nuevas variedades de arbusto de coca y por los laboratorios clandestinos, cada vez más sofisticados, que procesan la hoja de coca.

El cultivo de coca no es tan buen negocio

El cultivo de coca en algunas zonas de Colombia ya no es tan redituable para los campesinos como antes debido, entre otras cosas, al aumento de precio de los productos agroquímicos, concluyó un nuevo informe de la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito. El estudio, que se desarrolló durante ocho meses en el sur de Bolívar y Nororiente, comparó los márgenes de rentabilidad de la hoja y de otros productos.

La conclusión es que los márgenes económicos de los agricultores de coca sólo alcanzan niveles de subsistencia, debido a los altos costos del proceso y a su poca capacidad de negociación, explicó Marta Paredes, analista de Investigación de la Oficina. “Hay muchos productos que pueden superar y que no es una utopía suponer que puedan competir con la coca. Precisamente eso es algo que se debe aprovechar para desvincular a los campesinos de la economía ilícita, bajo una mirada que no sólo sea la de interdicción, sino también a nivel de propuestas en materia económica, de desarrollo y para su propia subsistencia”. Según el estudio, algunos aspectos sociales como la educación y la salud no son mejores en la región cocalera que en otras zonas agrícolas, lo que demuestra que pertenecer al negocio ilegal no ofrece mayores beneficios.