Coincidiendo con el inicio del frustrado debate sobre el escándalo de Agro Ingreso Seguro, el Gobierno Nacional presentó un proyecto de ley que pretende implantar una pena de 4 a 12 años de cárcel para castigar el delito de fraude al apoyo económico directo o incentivo.

La iniciativa fue radicada en el Senado de la República por el ministro de Agricultura, Andrés Fernández Acosta, poco antes de producirse el debate en su contra en esa corporación, y que fue suspendido por los incidentes protagonizados por las barras, al concluir la intervención del senador citante Jorge Enrique Robledo, del Polo Democratico, cuando a gritos pedían la renuncia del funcionario.

El jefe de la cartera agrícola, quien radicó el proyecto acompañado por el ministro del interior y de Justicia, Fabio Valencia Cossio, explico que se trata de una reforma al Código Penal para frenar los abusos que se han presentado en la entrega de subsidios.

El proyecto establece que la persona que con destino a actividades fomentadas por el Estado obtenga crédito oficialmente regulado y no le dé la aplicación a la que está destinado, incurrirá en prisión de cuatro a ocho años.

El que obtenga un apoyo económico directo o incentivo, préstamo no reembolsable, desgravación o cualquier otra ayuda económica del Estado, alterando o simulando las condiciones requeridas para su concesión, u ocultando las que la hubiesen impedido, incurrirá en prisión de 7 a 12 años.

Igualmente precisa que el servidor público que teniendo conocimiento de la alteración o simulación fraudulenta, otorgue el apoyo económico incurrirá en la misma pena, esto es, de 7 a 12 años de cárcel.

El Ministro afirmó que el proyecto busca proporcionar los instrumentos jurídicos necesarios para evitar que particulares o funcionarios públicos desvíen los recursos de la nación.

EL DEBATE

–El debate sobre el escándalo de Agro Ingreso Seguro tuvo que suspenderse en la plenaria del Senado de la República por incidentes protagonizados por las barras.

El presidente del Senado, Javier Cáceres, tomo la medida luego de la intervención del senador citante, Jorge Enrique Robledo, del Polo Democrático Alternativo, quien fue aplaudido prolongadamente en medio de una algarabía por las barras presentes, que pedían la renuncia del ministro de agricultura Andrés Fernández.

Previamente, Cáceres había advertido que para continuar la sesión era necesario el orden y el retiro de las barras. Como las barras no se retiraron, levantó la sesión y citó para el martes 3 de noviembre, cuando tambien será definida la moción de censura contra el ministro de agricultura.

Tras levantar la plenaria, Cáceres acusó a los senadores Robledo y Piedad Córdoba de haber sido quienes llevaron a las barras para que interrumpieran la sesión.

Por su parte, Robledo sostuvo que la sesión se levantó por una clara indicación del Gobierno al ver que estaba perdiendo el debate.
A su turno, el ministro Fernández declaró que no tuvo las garantías que esperaba y reclamó que le den el mismo tiempo de intervención que tuvo Robledo, más de una hora para hacer su defensa.

Fernández dijo que tan sólo responderá a las acusaciones del Polo Democrático en la plenaria del Senado y se negó a hacer comentarios sobre las supuestas nuevas denuncias que llevó Robledo.

Robledo aseguró que en tres años del programa Agro Ingreso Seguro se asignaron 33 mil millones a 45 empresarios que financiaron la primera reelección del presidente Alvaro Uribe y tambien el referendo.

El senador no divulgo nombres de los beneficiados, y solo dijo que aportaron 549 millones de pesos para la reelección y recibieron por Agro Ingreso Seguro, 33.497 millones.

Tambien dijo que en 10 departamentos 17 beneficiarios concentraron el 45% de los recursos distribuidos por el Gobierno.