Cientos de personas han dado muestras de sangre para una base gubernamental de datos de ADN en Chile, en un intento desesperado por identificar a sus seres queridos que desaparecieron bajo el mando de Pinochet.

La presidenta chilena, Michelle Bachelet, quien también cuenta entre los torturados durante la dictadura entre los años 1973 a 1990, ha lanzado una campaña a nivel nacional para que los familiares de quienes murieron en este periodo, contribuyan con una muestra de ADN con el fin de reconocer los restos que hasta ahora se han hallado.

De acuerdo al Gobierno, 3.195 personas murieron o fueron «desaparecidas» durante la dictadura de Pinochet. Del total, 1.183 personas todavía figuran como desaparecidas, dejando a muchos familiares de las víctimas esperando justicia.

En agosto, tribunales chilenos emitieron órdenes de arresto a 129 personas acusadas de ayudar a Pinochet a reprimir a sus opositores. Además, para fines de este año, está prevista la apertura de un Museo de la memoria y los Derechos Humanos para honrar a las víctimas de la dictadura.

Intentos previos de usar ADN para ubicar los restos no han sido exitosos. Expertos forenses del Gobierno han identificado de forma errónea al menos 48 cuerpos enterrados en tumbas sin nombre en el Cementerio General de Santiago.

El error desató fuertes reacciones adversas y protestas de grupos que representan a las familias de los desaparecidos.

En respuesta al clamor popular, Bachelet implementó una base de datos genéticos para ayudar a identificar a los cientos de restos que por años han permanecido enterrados.

La nueva base de datos ya ha producido resultados alentadores cuando a comienzos de año el cuerpo de Nelson Araneda Loaiza, un activista político de izquierda, fue identificado.

Ese hallazgo y la posibilidad de encontrar a otros sin identificar llevó al Gobierno a tomar medidas para volver a abrir el reporte, publicado por primera vez en 1991, que reconocía a las víctimas de abusos a los derechos humanos.

Se espera que este mes el Congreso apruebe un ley que creará un instituto nacional de derechos humanos y la reapertura de la Comisión Nacional de la Verdad por un período de seis meses.

«Esto dará a las personas que no querían, no podían o no sabían acerca de la comisión original la oportunidad de registrar a sus familias», dijo María Luisa Sepúlveda Edwards, encargada de la Comisión Asesora Presidencial para la política de los Derechos Humanos.