“¡Aquí no se puede seguir amañando las cifras. No se puede seguir dividiendo, sumando y restando para validar sofismas, para seguir promulgando el odio de clases!”, afirmó el Ministro de Agricultura, Andrés Fernández, en torno a las versiones surgidas alrededor del Programa Agro Ingreso Seguro, en la plenaria del Senado de la República, este martes 10 de noviembre.

Con documentos, el titular de la cartera de Agricultura refutó cada uno de los argumentos esgrimidos por quienes pretenden descalificar esta política. Este es el texto de su intervención:

“Señor Presidente, miembros de la Mesa Directiva, un saludo especial a los honorables senadores citantes a estos importantes debates; colombianas, colombianos, buenas noches.

En mi intervención de hoy quiero que los colombianos tengan claridad de que el Programa AIS se ha manejado con total transparencia y es indispensable para el desarrollo del sector agropecuario colombiano.

Para ello, abordaré los siguientes aspectos en mi presentación:

Cómo era el campo colombiano antes del 2002.

Qué es el programa Agro Ingreso Seguro.

Qué sucedió en la convocatoria de riego de Agro Ingreso Seguro y qué estamos haciendo al respecto.

Aclararé uno a uno los mitos y mentiras que se han dicho de Agro Ingreso Seguro.

Por último, mostraré los resultados de la política agropecuaria de este Gobierno.

Quiero comenzar hoy recordándoles cómo era el campo colombiano en el año 2002, antes del Gobierno del Presidente Álvaro Uribe Vélez.

Hagan un poco de memoria, señores senadores, y recuerden cuando ni campaña política podían hacer ustedes en las regiones porque no tenían garantías.

Recuerden los secuestros de Alan Jara, Luis Eladio Pérez, Orlando Beltrán, Jorge Eduardo Gechem, entre otros.

Recuerden cuando el abandono, el terrorismo y la falta de oportunidades en el campo nos tenían secuestrados en las grandes ciudades.

Recuerden cuando veíamos un pueblo tomado por la guerrilla cada día, cuando volaban oleoductos cada semana, cuando nos quedábamos sin luz permanentemente por la voladura de torres.

O cuando temerosos, estimado senador (Carlos) Ferro, ni siquiera salíamos a una finca en Fusagasugá, a una hora de Bogotá, porque probablemente íbamos a ser uno de los 698 colombianos secuestrados en alguno de los cientos de retenes guerrilleros que hubo en el 2002.

Eso cambió y no fue fortuito. Fue el Presidente Álvaro Uribe Vélez, cuando llegó al poder.

– Él fue el que les abrió de nuevo las carreteras a los colombianos.

– Él fue el que les permitió a los colombianos volver a pensar en un país viable, sin el terrorismo.

– Él fue el que les devolvió a los campesinos de Colombia la oportunidad de ser parte de este país.

– Él fue el que les devolvió el derecho a los colombianos de pensar en ese momento en la loca idea de vivir en paz.

Esto solo fue posible gracias a la Seguridad Democrática, a la confianza inversionista y a la cohesión social, pilares fundamentales del accionar de este Gobierno.

El gran esfuerzo de nuestros valientes hombres de la Fuerza Pública por recuperar nuestro territorio demandaba un complemento que permitiera a los campesinos alimentar, educar y ver crecer a sus hijos, permitiendo que un padre de familia pueda levantarse cada mañana con una sonrisa en la cara, porque sabe que tiene trabajo y a su familia no le va a faltar nada.

Esa es la razón de ser de la política agropecuaria del Presidente Álvaro Uribe Vélez, en la cual se enmarca el Programa Agro Ingreso Seguro.

Y hoy, colombianas y colombianos, yo les voy a demostrar que este Programa responde a las necesidades de nuestros campesinos y de los empresarios del campo.

Por qué existe Agro Ingreso Seguro

Honorables senadores, empecemos preguntándonos por qué existe Agro Ingreso Seguro.

Porque pequeños, medianos y grandes productores pedían a gritos una herramienta que les permitiera surgir de la debacle en el campo colombiano, en la década de los 90.

Esta debacle tiene nombre propio y se llamó Apertura Económica.

Apertura Económica, que ustedes, señores senadores y colombianos nunca tuvieron oportunidad de debatir, que no fue recíproca por parte de nuestros socios comerciales y que no les permitió a nuestros campesinos prepararse.

Apertura Económica que todo el Partido Liberal reconoce como la causante de los males del campo y que irónicamente fue orquestada por el actual Jefe de ese partido.

Esta Apertura, sumada al abandono del Estado, arrasó con el campo colombiano:

A un país de vocación campesina y agropecuaria se le cercenó un presupuesto de inversión digno.

Ese presupuesto pasó de $1,5 billones en 1990 a $712 mil millones en el año 2000, una caída de 52 por ciento. Se perdió la mitad del presupuesto en 10 años.

– En 1990 existían 4.821.000 hectáreas sembradas en nuestro país. Bastaron 8 años para perder más de un millón de hectáreas de cultivos lícitos.

En esta década aumentó en más del 12 por ciento la pobreza rural. La entregaron bordeando el 80 por ciento. Es decir, 8 de cada 10 campesinos vivían en la pobreza total.

– La reducción en el presupuesto para apoyar el campo, la caída en el hectareaje, el incremento en la pobreza, no podía tener una consecuencia diferente que la proliferación de la coca.

Surgieron 125.500 nuevas hectáreas de cultivos ilícitos, un crecimiento del 335 por ciento.

Se abandonó a su suerte a los productores colombianos, para que dieran ‘pelea de tigre con burro amarrado’ ante la importación de productos altamente subsidiados.

Por su parte, competidores nuestros como Estados Unidos, la Unión Europea, México, Chile, Argentina y Brasil contaban con una robusta política de apoyos y subsidios a su sector agropecuario.

Miremos ejemplos concretos:

Un algodonero de la ribera del Mississippi es capaz de vender en Colombia una tonelada de algodón 71 por ciento más barato que un algodonero de Cereté en Córdoba, porque recibe $2.400.000 por tonelada en subsidios.

Un maicero en Arkansas puede vender en Colombia una tonelada de maíz 36 por ciento más barato que un productor de maíz en el Espinal, porque recibe $221.000 pesos por tonelada en subsidios.

Senadores, yo les pregunto, ¿quién puede competir contra esto?

Cambiar nuestra política agropecuaria era absolutamente necesario.

Agro Ingreso Seguro entró a fortalecer ese cambio de política agropecuaria. Era urgente adoptar medidas que les permitieran a nuestros campesinos competir dignamente.

Usted, senador (Jorge) Robledo, argumentó en su debate que el presupuesto de Agro Ingreso Seguro es insignificante con respecto a los apoyos de Estados Unidos y la Unión Europea.

Por esto teníamos que pensar en algo ingenioso que permitiera hacer rendir más la plata.

Todos los instrumentos de Agro Ingreso Seguro deben ser cofinanciados y, así, por cada peso que aporta el Programa se apalancan 4 pesos en inversión. Es decir que la inversión jalonada ha sido cercana a los 4,4 billones de pesos.

Además, había que cambiar el esquema de asignación de recursos: pasar de un esquema ofertista a un esquema por demanda.

Y ¿por qué? Porque todo era asignado a dedo, sin criterios técnicos.

¡Eso sí era una piñata, donde solo invitaban a los amigos del Gobierno de turno!

Las entidades eran ineficientes y burocráticas. Por ejemplo, el Inat(Instituto Nacional de Adecuación de Tierras)fue reestructurado 4 veces en 10 años.

Esa misma entidad se gastaba la cuarta parte de su presupuesto enburocracia. ¡Óigase bien, la cuarta parte!

En materia de riego, el Inat heredó al Estado 510 distritos de riego, de los cuales sólo 5 eran autosostenibles y 120 estaban totalmente enterrados en la maleza. ¡5autosostenibles y 120 enterrados!

¿Cómo no va a ser mejor un esquema de acceso a recursos públicos, en el cual todo se asigna a través de mecanismos abiertos, públicos y transparentes?

Un esquema que atiende necesidades reales según proyectos productivos.

Un esquema en el cual el Estado no requiere un ejército de ingenieros, abogados, técnicos. Es decir, no requiere burocracia.

Un esquema que apalanca aportes de otros sectores, gobernaciones, alcaldías, ONG o los mismos beneficiarios.

Pero sobre todo, un esquema en el cual no se requiere ser amigo de nadie para poder acceder legítimamente a los apoyos que el Estado nos ofrece.

Colombianos, por eso Agro Ingreso Seguro, esa Ley que fue aprobada por este honorable Congreso y de la que ustedes se tienen que sentir muy orgullosos, es la mejor y más completa herramienta que les podemos ofrecer a nuestros campesinos.

Senadores, yo conozco de primera mano las necesidades del campo.

En los últimos 5 años he asistido a más de 190 consejos comunales, a más de 72 consejos de seguridad, a más de 23 consejos empresariales, y he visitado más de 638 municipios en todos los departamentos del país. Ustedes me han acompañado a muchos de ellos.

Es ahí, con la gente, donde uno realmente se da cuenta que las necesidades de las regiones no son tan diferentes entre sí.

¿Qué clamaban nuestros campesinos?

Primera gran queja del sector: Ministro, el crédito es muy caro.

Respuesta de Agro Ingreso Seguro: La línea especial de crédito más barata del mercado (DTF — 2). ¿O alguien conoce alguna más barata?

¿Cómo funciona?

Senador Eduardo Enriquez Maya, usted, que es un conocedor del campo, cuando doña Fabiola Erazo, en Sandoná (Nariño), solicita un crédito por 50 millones para sembrar caña panelera, normalmente paga al año 5 millones de pesos de intereses.

Con la línea especial de crédito de Agro Ingreso Seguro paga solo un millón.

Los cuatro millones de pesos en intereses que no paga la señora Erazo los paga el Gobierno como un subsidio.

Es decir, el crédito son 50 millones, pero el subsidio son solo 4 millones.

Segunda gran queja del sector: Ministro, acceder a maquinaria y equipos es muy costoso.

Respuesta de Agro Ingreso Seguro: triplicamos el presupuesto del Incentivo a la Capitalización Rural (ICR).

¿Cómo funciona?

Senador Óscar Darío Pérez, usted que permanentemente recorre el departamento de Antioquia, donde Heriberto Jaramillo, en San Pedro de los Milagros, solicita un crédito de 100 millones para unos tanques de enfriamiento de leche. Compra los tanques y por ser beneficiario del ICR de Agro Ingreso Seguro, el Gobierno le paga 40 millones de la deuda y solo queda debiendo 60 millones.

Con ese ahorro, don Heriberto amplió su hato 8 vacas puras y su producción de leche aumentó en 150 litros/día.

Tercera gran queja del sector: Ministro, no tengo quién me oriente en la parcela.

Respuesta de Agro Ingreso Seguro: El Incentivo a la Asistencia Técnica.

¿Cómo funciona? Senador (Efraín) Cepeda, usted que siempre ha acompañado las iniciativas del campo: Jorge Paternina, en Repelón (Atlántico), no podía solicitar los servicios de un agrónomo para su siembra de maíz, porque le cobraba un millón de pesos.

El Incentivo a la Asistencia Técnica de Agro Ingreso Seguro paga 800 mil pesos al agrónomo, para que Jorge Paternina solo tenga que pagar 200 mil pesos.

Como resultado de esa asistencia técnica va a tener un aumento de media tonelada adicional de maíz por hectárea. Es decir, $250.000 más de ingresos.

Cuarta gran queja del sector: Ministro, solo producimos una parte del año y el resto del tiempo la tierrita se queda ahí quieta.

Respuesta de Agro Ingreso Seguro: Convocatorias de Riego y Drenaje.

¿Cómo funciona?

Senador (Manuel Guillermo) Mora, usted, que sabe de riego en este país, el Alcalde de Abrego (Norte de Santander) quiere construir un distrito de riego para sus campesinos, presenta un proyecto a la convocatoria, se lo gana y como resultado recibe el 80 por ciento del costo del distrito.

Estos campesinos ya no recogen una cosecha al año, sino que producen más durante todo el año y más barato.

Gracias al Programa Agro Ingreso Seguro, doña Fabiola, don Heriberto, don Jorge, los campesinos de Abrego y 316.000 familias del campo colombiano, hoy producen más comida, más barata y para todos los colombianos.

Además, el 99 por ciento de estas familias ¡óigase bien! el 99 por ciento de ellas son pequeños y medianos productores.

Y sí, senadores y colombianos, son 316.000 familias del campo colombiano.

¿Qué significa beneficiar a 316.000 familias?

Significa atender el 13 por ciento de las familias rurales con menos del uno por ciento del Presupuesto General de la Nación.

Pero, además, significa atender 1.264.000 personas del campo colombiano.

Y siguiendo el sofisma del senador Robledo, de poner las cifras en términos de municipios, significa beneficiar a todo el departamento de Boyacá, todo Cauca o todo Norte de Santander.

Como ven, colombianas y colombianos, la Seguridad Democrática recuperó el campo y Agro Ingreso Seguro nos está permitiendo la ocupación lícita y pacífica del territorio nacional.

Agro Ingreso Seguro es la respuesta a los clamores de nuestros campesinos.

Fue diseñado de buena fe.

Y con el ánimo de beneficiar a todos los productores del campo.

Senadores de la coalición de Gobierno, ustedes son parte de esta respuesta; ustedes nos ayudaron a construir Agro Ingreso Seguro y hoy necesitamos refrendar ese apoyo, para seguir beneficiando al pequeño, al mediano y al grande, sin prejuicios ni odios de clases.

Esta ha sido siempre nuestra tesis, así sea que los opositores del Gobierno ahora quieran posar de defensores del empresariado.

Lastimosamente el Programa ha sido violentado.

Ocurrió un abuso y nos duele mucho, porque fue este Gobierno el que lo creó.

Nos duele que un Programa tan bonito para el campo se vea empañado por algunos pocos que se quisieron valer de su astucia para beneficiarse de algo a lo que no tenían derecho.

Es claro que hay que hacer ajustes a Agro Ingreso Seguro.

Ninguna política pública es perfecta.

Todas se ajustan día a día mediante la evaluación constante de sus resultados.

No en vano (Winston) Churchill decía que “el éxito en el Gobierno era ir de ajuste en ajuste sin desesperarse”.

Revisión de casos

Primero permítanme explicarles, colombianos y senadores, cuáles son los casos que han generado controversia.

Entendamos qué es un proyecto de riego para Agro Ingreso Seguro.

Un proyecto de riego se compone de una obra física que permite captar o tomar agua de una fuente, transportarla a través de líneas de conducción y de distribución, y llevarla directamente a un cultivo.

Ahora, expliquemos qué sucedió y cómo fue el modus operandi.

Un ejemplo con nombres ficticios nos permitirá entenderlo mejor:

En condiciones normales, Empresa Agrícola S.A., propietaria de un predio de 1.000 hectáreas, presenta un proyecto que vale $4.600 millones de pesos.

Agro Ingreso Seguro aporta $600 millones de pesos y Agrícola S.A. aporta $4.000 millones de pesos.

¿Qué hicieron las personas sujetas de controversia?

Solo dos semanas antes del cierre de la convocatoria, Agrícola S.A. divide el predio en 4 partes de 250 hectáreas, a través de 3 contratos de arrendamiento, y se reserva una parte para ella.

Estos 3 contratos los hace con Las Palmas S.A., El Cacao S.A. y El Banano S.A., empresas todas de su propiedad y de su familia, fijando, además, un canon de arrendamiento menor al valor comercial de la zona.

Tenemos, entonces, un contrato celebrado los mismos con las mismas, días antes al cierre de la convocatoria y por un precio significativamente bajo.

Cada una de las empresas presenta un proyecto para la fracción del predio arrendado y al ganar el concurso, cada uno recibe $600 millones de Agro Ingreso Seguro, y aporta $525 millones como contrapartida.

¿Cuál es el balance de esta maniobra?

Por el fraccionamiento del proyecto, Empresa Agrícola S.A. recibe del Programa Agro Ingreso Seguro $2.400 millones, en lugar de los $600 millones a los que tenía derecho. Es decir, $1.800 millones más de lo justo.

Y para completar, su aporte, que debía ser de $4.000 millones, se redujo a $2.100 millones.

Esto que estamos explicando pasó en la realidad. Miren los contratos de arrendamiento.

Y además de los casos de contratos de arrendamiento entre empresas, encontramos un predio de una familia que fue arrendado a miembros de su mismo núcleo familiar.

Este modus operandi pudo haber inducido a error a los evaluadores del IICA(Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura)y, en última instancia, al Ministerio de Agricultura, ajeno a la evaluación y calificación de proyectos, como veremos más adelante.

Si los contratos de arrendamiento efectivamente fueron simulados con la intención de defraudar al Estado, estaríamos frente a un posible fraude procesal, algo que solo podrá determinar un juez de la República.

¿Cuántos proyectos, entonces, están en estas condiciones?

Hemos detectado 10 casos con este modus operandi.

9 casos en la convocatoria del año 2008, que involucran a 33 proyectos en 4 departamentos, y un caso en la convocatoria del año 2009, que involucra a 2 proyectos en un departamento.

Colombianas y colombianos, lo que pasó fue muy grave. Nadie puede decir lo contrario.

Pero esto no es Agro Ingreso Seguro como algunos lo quieren mostrar.

Para nosotros la desviación de un peso de recursos públicos es tan reprochable como la de un billón.

No estamos minimizando el problema ni evadiendo responsabilidades, pero estamos mostrando la situación en su contexto.

Las familias implicadas representan el 0,003 por ciento del total de familias beneficiarias, ¡óigase bien!, el 0,003 por ciento del total de familias beneficiarias, y el 1 por ciento del total de recursos del Programa AIS.

Pero esto no fue lo que pasó en Norte de Santander, senador Mora. Allá, 11.126 familias presentaron correctamente sus proyectos.

Ni en Nariño, senador Enríquez, donde se ha instalado riego en 23.750 hectáreas.

Ni pasó en Atlántico, senador Name, donde estamos irrigando 4.200 hectáreas.

¿Será que por estos casos debemos estigmatizara las 33.000 familias que se beneficiaron de las convocatorias de riego y a las 316.000 familias beneficiarias del Programa AIS?

Las bancadas que acompañan al Gobierno y ustedes, colombianos, no pueden caer en este engaño.

¿Cuáles son y dónde fallaron los controles técnicos y administrativos?

Primero, miremos quién los hace.

El Ministerio seleccionó al Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), por ser el brazo agrícola de la OEA, como lo es la FAO de la ONU.

Esto no es solamente el mister, como se afirmó en este recinto hace 15 días.

Esta entidad lleva 45 años en Colombia, está presente en 34 países y ha celebrado convenios con más de 20 entidadesnacionales e internacionales.

Ahora, expliquemos cuál es el proceso para seleccionar los proyectos de riego.

El Ministerio elabora los términos de referencia con los parámetros que deben cumplir los proyectos y se abre la convocatoria.

Colombianos y colombianas, elaboramos estos pliegos pensando en beneficiar gente honesta, con ética y valores, como somos la mayoría de los colombianos.

Hacerlo de esta manera no nos hace negligentes.

De otra forma, estaríamos violando el artículo 83 de nuestra Constitución Política, que nos dice que debemos presumir la buena fe de todos los ciudadanos.

Es como pensar que cuando se diseña una política para desplazados, todo el mundo se haga pasar como desplazado para acceder a los recursos.

¡Es un absurdo!

Nosotros no tenemos una mente criminal.

A partir de este punto y, bajo la responsabilidad técnica y administrativa del IICA, de manera autónoma y sin injerencia del Ministerio, se desarrolla la etapa de evaluación y calificación de los proyectos.

Primero, existe un filtro que permite saber si un proyecto es evaluable o no.

Segundo, los proyectos evaluables se llevan a un par evaluador compuesto por profesionales técnicos especializados, contratados por el IICA.

Tercero, los proyectos pasan a un panel de expertos, también del IICA, que realiza el control de calidad al trabajo de los pares evaluadores y emite un concepto de viabilidad.

Finalmente, los abogados del IICA le hacen un filtro jurídico al proyecto y determinan si es elegible o no es elegible.

Pero, además, la convocatoria tiene un filtro final que es el escrutinio público, mediante la publicación de los listados de elegibles en los principales diarios del país y en las páginas web de las entidades, para que los ciudadanos señalen fallas y denuncien fraudes.

Eso fue lo que sucedió, pues la ciudadanía, con la información que pusimos a su disposición, encontró situaciones anómalas.

Si hubiésemos querido ocultar algo, no hubiéramos publicado nuestros beneficiarios.

Es claro que en este proceso ningún funcionario del Ministerio de Agricultura y desarrollo rural, ninguno, mete la mano ni actúa en favor o en contra de un proyecto.

Sin embargo, algunos medios de comunicación, de manera equivocada, han afirmado lo contrario.

Dice la Revista Cambio en su edición 851 de 2009 en su artículo ‘Los Elegidos’, que existió un “cambiazo”.

Dicen que tres proyectos fueron inicialmente declarados no viables en un acta de evaluación del IICA, del 2 de mayo de 2008.

Pero luego, según la revista, fueron declarados viables con el concurso de funcionarios del Ministerio, en el acta del Comité Administrativo del Convenio, del 21 de mayo de 2008.

¡Falso de toda falsedad!

Este medio omitió informar que en un acta del panel de expertos del IICA, realizado el 16 de mayo de 2008 y conformado por 10 expertos del IICA, estos emitieron por consenso, concepto de viabilidad para los tres proyectos.

Les voy a leer un aparte del Acta:

“Se revisaron 94 proyectos de este tipo, declarados no viables durante la etapa de evaluación.

b. Sobre los siguientes 35 proyectos se determinó su viabilidad con base en las razones y motivos que se exponen en cada uno de ellos”.

Quiero reiterar que efectivamente existe un consenso, pero dentro del Panel de Expertos del IICA, que son 10 personas ajenas al Ministerio.

Senadores, reafirmo una vez más que el Ministerio no mete la mano en este proceso y no participa en ningún consenso.

A pesar de esta evidencia, aparece posteriormente un testigo anónimo a declarar en contra del Ministerio por el supuesto “cambiazo”.

Sale anónimamente porque, supuestamente, estaba siendo seguido, chuzado y amenazado desde el Ministerio para que no hable.

Es decir, el Ministerio lo tenía amordazado y ahora había tomado la decisión de romper su silencio, pero con la protección de voz de la emisora.

Al escuchar una vez más la entrevista, reconoce que nunca hubo direccionamiento de proyectos. Se empieza a derrumbar la mentira.

Así mismo, no puede garantizar que el Ministerio metió la mano para hacer viables los proyectos rechazados.

¡Claro que no!

Demostramos que fue el panel de 10 expertos del IICA el responsable de viabilizar los proyectos inicialmente rechazados.

Se sigue derrumbando la mentira.

Claro que hace falta un paso que no le conviene mencionar: el panel de expertos del IICA y la puntuación del IICA. Ningún paso en el Ministerio de Agricultura.

Sigue derrumbándose la mentira.

Senadores, ¿qué se volvió esto?

Un problema de vanidad de un señor que cree que por tener títulos debe ser puesto en un altar, especialmente cuando desde allá se está filtrando información distorsionada a los medios de comunicación.

La mentira ya agonizando.

Imagínense, este era el testigo estrella.

El que no está dispuesto a entregar su testimonio a las autoridades, sino que está ofendido por una supuesta prepotencia del Viceministro.

Es clarísima la razón por la cual no quiere ir a las autoridades: porque su testimonio deja bien parado al Ministerio.

Pero esto no es todo.

El Representante del IICA para Colombia ha manifestado públicamente en varias ocasiones que no recibe presiones de este Gobierno, en la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes, en una rueda de prensa y en el Consejo Comunal Anticorrupción ante el Presidente de la República y los entes de control.

Se preguntarán ¿dónde fallaron los controles?

En algunos casos, los evaluadores técnicos o jurídicos del IICA no tuvieron la rigurosidad y la astucia para identificar que se estaba frente a un posible fraccionamiento de proyectos por la vía de la simulación de contratos de arrendamiento.

Así mismo, este Ministerio no descarta la posibilidad de que algunos contratistas del IICA se hayan confabulado con algunas de las familias beneficiadas, para cometer aparentemente este fraude.

Es importante dejar claro que si existieron conductas irregulares, este Ministerio no dudará en denunciar a quienes participaron en estas operaciones como ha sido la costumbre y el proceder de este Gobierno.

Eso sí, respetando las instancias judiciales y facilitando el trabajo de los órganos competentes para que actúen y tomen las decisiones a que haya lugar.

Honorables senadores, permítanme mostrarles qué estamos haciendo frente a estos casos:

Dos estrategias:

Con respecto al fraccionamiento de los proyectos: hemos puesto en conocimiento de esta situación ante la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República.

Hemos solicitado al IICA la suspensión de la ejecución de los proyectos financiados en 2008, respecto de los cuales hemos formulado denuncias.En este oficio consta esta instrucción.

Hemos solicitado al IICA la suspensión de la verificación en campo de los proyectos elegibles en 2009, hasta concluir la auditoría del IICA y la investigación del Ministerio.

Con respecto a la recuperación de los recursos:

El Ministeriose constituyó como parte dentro del proceso que adelanta la Fiscalía.

Una vez el juez determine a los responsables, el Ministerio buscará que estos respondan por el detrimento patrimonial en que se haya incurrido.

Así mismo, en caso de que se pruebe el vínculo entre contratistas del IICA y proponentes, el Ministerio hará efectivas las pólizas de cumplimiento que amparan los recursos públicos.

Llegaremos hasta las últimas consecuencias para lograr la recuperación de los recursos de todos los colombianos.

Como producto de la firme decisión de recuperar hasta el último peso, logramos que el único caso de presunto fraccionamiento en la convocatoria de 2009 renunciara al subsidio.

Colombianos, en estos casos, los hechos superaron las normas y el hecho superó al derecho.

Por eso, senadores, el martes 27 de octubre, de la mano del Ministro del Interior y de Justicia, radicamos ante la Secretaría General del Senado un proyecto de Ley mediante el cual se crea el delito de ‘fraude al apoyo económico directo o incentivo’; se sanciona con cárcel de 7 a 12 años a quienes obtengan un incentivo o subsidio del Gobierno mediante la simulación de los requisitos establecidos para acceder a él.

Así mismo, buscamos que se sancione con la misma pena e inhabilidad a los servidores públicos que participen en estos fraudes.

Con esta herramienta jurídica, que existe en otros países, protegeremos no solo los apoyos de Agro Ingreso Seguro, sino todos los apoyos del Gobierno Nacional y de las entidades territoriales.

Ahora, quiero mostrarles una colección de mitos que han construido quienes quieren acabar con Agro Ingreso Seguro.

Los vamos a desmentir uno a uno.

Mito 1: AIS es un programa prorrico.

¡Falso de toda falsedad!

Las cifras son contundentes.

El 99 por ciento de familias de pequeños y medianos productores recibieron el 86 por ciento de los apoyos de Agro Ingreso Seguro

En la convocatoria de riego, el 99 por ciento de familias de pequeños y medianos productores recibieron el 94 por ciento de los apoyos de esta convocatoria

Entonces, colombianos, yo les pregunto:

¿Con estos resultados se puede seguir afirmando que este es un programa que favorece solo a los ricos?

No se puede seguir engañando al país, inventando mundos que no existen.

Y lo digo por lo siguiente: se ha dicho en este recinto que fue el Ministerio de Agricultura el que amplió la definición de medianos productores para beneficiar a más ricos.

Les quiero recordar que la definición de mediano productor la establece la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario, creada por Ley y en la cual participan, también, el Banco de la República y el Departamento Nacional de Planeación, entre otros.

En 2004, esta Comisión adoptó los criterios de la Ley 905 de 2004, estableciendo el tope de mediano productor hasta 30.000 salarios mínimos en activos. Es decir, hasta $15.000 millones.

En el año 2005, el Ministerio, presidiendo esta Comisión, redujo el tope de medianos productores hasta 10.000 salarios mínimos en activos. Es decir, hasta $4.990 millones.

Gracias al Ministerio de Agricultura, y no como se ha afirmado, hoy en día la definición de mediano agricultor es la tercera parte de la definición de mediana empresa.

Usted dice, senador Robledo, que nosotros volvimos medianos a los ricos, para favorecerlos.

Yo creo que usted conoce muy bien esa definición de mediano productor y cómo se fija.

Recuerde que usted mismo, consciente de estos parámetros, propuso en el debate en la plenaria de Senado donde se discutió Agro Ingreso Seguro, que como mínimo el 70 por ciento de los recursos se destinara a pequeños y medianos productores.

Ahí está en la Gaceta del Senado del 13 de marzo de 2007. ¡Revise sus propias afirmaciones!

Pues, senador, usted, que tan solo pidió el 70 por ciento, déjeme decirle que nosotros destinamos el 86 por ciento, 16 puntos por encima de lo que usted quería.

Colombianos, ¿díganme si esto no es criticar por criticar?

Además, tengan en cuenta un dato:

El 96 por ciento de las operaciones de la línea especial de crédito y del ICR de Agro Ingreso Seguro las reciben pequeños y medianos productores, que van desde $0 hasta $250 millones en activos.

¡Aquí no se puede seguir amañando las cifras. No se puede seguir dividiendo, sumando y restando para validar sofismas, para seguir promulgando el odio de clases!

Mito 2: Los recursos de Agro Ingreso Seguro se entregan a dedo por el Gobierno.

¡Falso de toda falsedad!

En el caso de riego, todos los recursos se adjudican a través de convocatorias públicas y abiertas a todos los agricultores de este país, a través de una entidad independiente del Gobierno.

En los demás incentivos, todos los recursos se adjudican a través del sistema financiero colombiano.

Los bancos aprueban cumpliendo las normas de la Superintendencia Financiera y el incentivo se aplica automáticamente.

¡El Gobierno no mete un dedo!

Mito 3: Los recursos de AIS se utilizaron para financiar campañas para el Referendo o para retribuir familias de congresistas.

¡Falso de toda falsedad!

Todos los incentivos de Agro Ingreso Seguro se adjudican sin interferencia por parte del Gobierno y están abiertos a todos los agricultores en igualdad de condiciones.

Si cualquiera escruta la lista de beneficiarios del Programa, que es pública desde el principio, encontrará 316 mil familias beneficiadas.

Dentro de esas 316 mil familias habrá personas que apoyan al Gobierno, habrá otras que no están de acuerdo con el Gobierno y habrá otras que no han tomado preferencia política.

Pero de ahí a tomar convenientemente solo un puñado de beneficiarios a quienes se les conoce algún afecto por el Gobierno o por el Presidente, para concluir amañadamente que Agro Ingreso Seguro se utiliza para pagar favores políticos del Gobierno, es un absurdo.

Tan absurdo como concluir que un requisito de acceso a programas del Gobierno es declarar abiertamente el antigobiernismo.

Pero, además, acá tengo una lista con beneficiarios de Agro Ingreso Seguro que militan en los partidos Liberal, Polo Democrático Alternativo y Verde Opción Centro, o de familiares de personas que militan en estos partidos.

¿Podríamos entonces concluir que todos estos beneficiarios de Agro Ingreso Seguro que militan en partidos de oposición o sus familiares han recibido estos recursos como pago de favores políticos?

Igualmente absurdo.

Pero, además, acá tengo las listas de aportantes a las campañas del Presidente Samper y del Presidente Pastrana.

En estas listas de financiadores del Presidente Samper y del Presidente Pastrana encontramos también varias personas y empresas que se beneficiaron con ICR durante los años en que ambos presidentes ejercieron.

¿Deberíamos, entonces, concluir que estos beneficiarios de ICR estaban siendo retribuidos por el Presidente de turno por la financiación de la campaña?

Yo espero que no, pues en esa época el programa era automático, tal como lo es hoy en todos los casos de Agro Ingreso Seguro.

Acá tengo un video en donde una persona beneficiada por el programa de riego de AIS en Nariño dice que esa obra se la entregó el Gobernador Antonio Navarro.

¿Deberíamos entonces concluir que Agro Ingreso Seguro es un programa con objetivos políticos para beneficiar al Polo y al Gobernador de Nariño?

¡Claro que no!

Pero cuando se aplican sobre Álvaro Uribe Vélez, ¡ahí sí es perverso! ¡Ahí sí es favorecimiento! ¡Ahí sí es corrupción!

Senadores, no podemos olvidar jamás que lo único que ha hecho el Polo tangiblemente por el sector agropecuario es construir distritos de riego con Agro Ingreso Seguro en Nariño.

Y lo único que hizo el Partido Liberal por el campo colombiano en la década de los 90 fue la ruina que dejó la Apertura Económica.

¡Tremendo legado!

Mito 4: Algunos apoyos de Agro Ingreso Seguro fueron creados por el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez para beneficiar narcotraficantes.

¡Falso de toda falsedad!

En los casos recientemente señalados por los medios de comunicación sobre el otorgamiento de apoyos a personas con antecedentes penales, la responsabilidad recae sobre el intermediario financiero, para estos casos BBVA y Leasing Bolívar.

Es cierto que el señor Ismael Pantoja Carrillo, alias ‘El Negro’, recientemente extraditado, recibió un ICR en 2007 para maquinaria de arroz y un crédito blando en 2008, con DTF-2 por 19 millones, con destino a siembra de arroz.

Es cierto, también, que el señor Jensy Miranda recibió un ICR en 2007 para maquinaria agrícola y que la empresa Clamasan S.A., ¡óigase bien, la empresa!, cuyo representante legal es Juan Santiago Gallón Henao, recibió un ICR en 2007 para infraestructura porcícola.

En todos los casos, los bancos otorgaron estos créditos porque para la fecha de solicitud, estas personas no estaban en las listas inhibitorias ni tenían una orden de captura.

Les recuerdo que la misma Corte Constitucional, en sentencia T-468 de 2003, manifestó que el único motivo para que un banco pueda negar un crédito a alguien que haya cometido un delito es que se encuentre reportado en listas inhibitorias, como la Lista Clinton y la Lista ONU.

En cualquier caso, son las entidades financieras las que tienen el deber de conocer a sus clientes y verificar sus reportes en listas inhibitorias, procedimiento reglamentado por la Superintendencia Financiera.

Entonces, ¿dónde está la mala fe del Ministerio?

Otro caso que se trajo a colación la semana pasada es que el Gobierno le otorgó a la mamá del paramilitar alias ‘Gordolindo’ un incentivo forestal.

¿Quieren que les muestre cuál es la fuente fidedigna que se utilizó para hacer esta afirmación?

Asegura ese medio que se entregó un subsidio e incluso son capaces de dar un valor.

Ahora, les quiero mostrar la verdad.

Esta es la carta de Finagro que demuestra que ese incentivo nunca se entregó.

En este caso, la Corporación Autónoma Regional del Cauca solicitó el incentivo para la mamá de alias ‘Gordolindo’ y fue el Gobierno el que lo negó.

Nuevamente, ¿dónde está la mala fe del Ministerio?

Pero, adicionalmente, estos casos ya han sucedió en el pasado.

Según el libro ‘La droga, el dinero y las armas’, de Alain Labrousse (pg. 336), Gonzalo Mejía Sanín es un narcotraficante que se entregó a las autoridades y quedó rápidamente en libertad aprovechando un decreto de noviembre de 1990, decreto que otorgaba rebajas de penas y que fue firmado por el Presidente Gaviria y todos sus ministros.

A este señor, el Gobierno del Presidente Pastrana le aprobó un crédito por 157 millones en 2002 a través del Banco Agrario.

Ese crédito tenía como condición especial el ICR, que eventualmente se aplicó por 23 millones en febrero de 2003:

¿Será que entre Pastrana y Uribe armaron un complot para favorecer a un antiguo capo que se benefició de un decreto del Presidente Gaviria?

¡Claro que no! Es otro absurdo. En esa época, el programa era automático, tal como lo es hoy en todos los casos el ICR de Agro Ingreso Seguro.

Más aún, el Sr. Hugues Rodríguez Fuentes, alias ‘Comandante Barbie’, recibió un ICR por 48 millones en 1995 y otro por 17 millones en 1999, ambos a través de Bancafé.

Y les guardé la mejor de todas para lo último.

Adivinen quién recibió un ICR en 1998 por 8 millones a través del Banco Ganadero, en pleno Gobierno del Presidente Samper.

Nada más y nada menos que el mismísimo Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’.

¿Podríamos concluir que Samper y Pastrana querían favorecer a semejantes terroristas?

Por supuesto que no, pues en esa época el programa era automático, tal como lo es hoy en todos los casos de Agro Ingreso Seguro.

Cuando pasa en otros gobiernos no tiene ningún problema. Pero cuando esto pasa en el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez, ¡ahí sí es perverso! ¡Ahí sí es favorecimiento! ¡Ahí sí es corrupción!

Mito 5: Algunos apoyos de Agro Ingreso Seguro fueron creados por el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez para beneficiar a sus funcionarios o a sus familiares.

¡Falso de toda falsedad!

Dado que todos los incentivos se adjudican sin interferencia por parte del Gobierno y que están abiertos a todos los agricultores de este país, en igualdad de condiciones, no puede existir correlación entre AIS y el favorecimiento a familias de funcionarios.

Si cualquiera escruta la lista de beneficiarios de AIS, que es pública desde el principio, encontrará 316 mil familias beneficiadas.

Dentro de esas 316 mil familias existen unas pocas personas con algún grado de parentesco con funcionarios del Gobierno.

Pero son personas que se han dedicado a la actividad agrícola y que han optado por los incentivos de Agro Ingreso Seguro en igualdad de condiciones.

Si Agro Ingreso Seguro se adjudicara a dedo habría una incompatibilidad moral.

Pero como Agro Ingreso Seguro se adjudica sin interferencia por parte del Gobierno y todo el mundo accede en igualdad de condiciones, ¡no existe incompatibilidad moral!

Óigase bien: ¡no existe incompatibilidad moral!

Algo que me inquieta mucho es por qué casualmente se dan cuenta de funcionarios del Gobierno de Uribe o sus familias como beneficiarios de Agro Ingreso Seguro, pero no se dan cuenta de algunos miembros de este Congreso o sus familiares, que también son beneficiarios de Agro Ingreso Seguro, y no son precisamente amigos de este Gobierno.

Pongamos ejemplos:

Un hijo de la senadora Cecilia López, crítica nuestra, se ha beneficiado en 3 oportunidades del ICR de Agro Ingreso Seguro.

Es socio de una sociedad productora, adivinen de qué. De palma, en Villanueva (Casanare). Recibió ICR por 336 millones entre 2007 y 2008 a través del Banco Agrario.

¿Habla mal esto del hijo de la senadora?

¿Habla esto mal de otros congresistas, incluso del Partido Liberal, y sus parientes que han accedido al programa?

¡Claro que no!

Son personas que se dedican al sector agropecuario, que generan empleo, que generan desarrollo rural.

Ahora, yo hubiera preferido que la senadora Cecilia no se hubiera declarado impedida. Por el contrario, debería estar aquí defendiendo el Programa con el cual su familia genera empleo.

Mito 6: Agro Ingreso Seguro solo podía aplicarse cuando se aprobara el TLC.

¡Falso de toda falsedad!

El acuerdo político en el Congreso de la República fue muy claro: Agro Ingreso Seguro debe ir con o sin TLC.

Así lo aprobó el Congreso de la República, incluido el Partido Liberal.

Porque con TLC o sin TLC el campo colombiano urgía de un paquete de apoyos para enfrentar la competencia desleal con otros países, competencia desleal que viene desde la Apertura Económica.

Mito 7: Los requisitos que se exigen para Agro Ingreso Seguro son tan difíciles de cumplir que el programa está diseñado para ricos.

¡Falso de toda falsedad!

No me cansaré de repetir que el 99 por ciento de las 316 mil familias beneficiadas con Agro Ingreso Seguro son de pequeños y medianos agricultores y reciben el 86 por ciento de los recursos del programa.

Pero, además, imponer ciertos requisitos para un proyecto de riego es de elemental sentido común.

¡Es que un sistema de riego no es una obra de papel, es una obra de ingeniería!

¿Cuáles son los requisitos?

Que haya agua, que se pueda sacar, que la obra se pueda construir y que no dañe el medio ambiente.

Si estos requisitos no se exigen, entonces terminamos construyendo distritos de riego sin agua y enterrados en la maleza, como en el pasado.

Pero, además, lo interesante es que estos requisitos no han sacado a los pequeños.

Y tampoco los requisitos que establecen los bancos para acceder a los recursos vía crédito han sacado a los pequeños.

Argumenta la oposición que debido a las dificultades que tienen los pequeños y medianos para acceder al crédito estamos excluyéndolos del Programa.

Para esto se basan en un estudio de Beatriz Marulanda y Mariana Paredes, del año 2006.

Les recuerdo que Agro Ingreso Seguro nació con la Ley 1133 de 2007. Una vez más, toman estudios desactualizados para evaluar a Agro Ingreso Seguro.

Además, les pregunto: ¿estarían ustedes de acuerdo con eliminar el Banco Agrario de los municipios más lejanos del país?

Se los pregunto porque en ese mismo estudio se sugiere que la presencia del Banco Agrario en regiones apartadas limita la competencia con otros bancos privados y restringe el acceso al crédito.

Entonces, si vamos a tomar como válidas todas las afirmaciones de este estudio, que el Partido Liberal le explique a los campesinos del país que el Banco Agrario ya no puede estar en sus regiones.

Acá hay algunos que hablan y hablan de los pobres, pero en el fondo los desprecian profundamente.

Les gusta hacer política con ellos, pero los desprecian en sus capacidades.

Por eso dicen que los campesinos no pueden, que los requisitos están fuera del alcance de ellos, que ellos no los entienden.

Pues les quiero decir que contra la creencia de algunos senadores de la oposición, los pequeños productores han podido, averiguan, se asesoran, aprenden y logran ingresar al programa.

Las cifras así lo demuestran.

Juzguen ustedes: El 99 por ciento de las 33.424 familias beneficiadas con el componente de riego de AIS son de pequeños y medianos agricultores y reciben el 94 por ciento de los recursos.

Mito 8: Los recursos de apoyo al riego de AIS terminan siendo utilizados en viajes ó compras de carros lujosos.

¡Falso de toda falsedad!

Todos los recursos de apoyo al riego van a una fiducia que solo desembolsa contra obra física, pagando los proveedores de los tubos, el cemento, los obreros, el ingeniero, etc.

Los recursos nunca pueden terminar en el bolsillo de los agricultores.

Por el contrario, el Programa obliga a que el beneficiario aporte recursos de su propio bolsillo para el proyecto.

Mito 9: Es la primera vez que las familias cuestionadas acceden a subsidios.

¡Falso de toda falsedad!

Nos han acusado de favorecer a familias ricas del sector agropecuario.

Nos han dicho que es un modelo prorrico.

Pero aquellos que acusan ni siquiera han revisado sus propios actos.

Este listado que tengo en mis manos es el listado de las mismas empresas y familias que hoy se critican, y que también recibieron ICR en el 95, en el 96, en el 97 y hasta en el 99.

Claro que en ese momento no se dijo nada, porque ningún otro ministro publicó los listados de los beneficiarios.

No lo hizo el Partido Liberal cuando tuvo el ministerio a su cargo.

¿Quería el Partido Liberal promover un modelo prorrico a espaldas del país?

¡Yo no creo!

Pero cuando esto pasa en el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez, ¡ahí sí es perverso! ¡Ahí sí es favorecimiento! ¡Ahí sí es corrupción!

Finalmente, quiero desmentir algunas afirmaciones engañosas que se lanzaron en los debates de las últimas semanas.

En ellos quedó demostrado el profundo desconocimiento que se tiene sobre el Programa Agro Ingreso Seguro.

¿Cómo pueden criticar tanto un Programa que ni siquiera conocen?

Nuevamente nos corresponde explicar, para que no sigan cometiendo imprecisiones.

La línea especial de crédito del Programa AIS otorga un subsidio para que los intermediarios financieros no le cobren al productor la tasa de interés convencional, sino una tasa de interés más barata, en este caso DTF-2.

Es decir, con un subsidio a la tasa de interés, se logra apalancar un crédito por un valor muy superior.

Las cifras publicadas por el Ministerio son las que corresponden al subsidio.

El valor del crédito no lo publicamos en ningún caso, porque tiene reserva bancaria.

Además, el martes 27 de octubre, el senador Robledo afirmó que Coltabaco está recibiendo créditos de Agro Ingreso Seguro para lucrarse como multinacional parasitaria.

¡Esto es falso!

Mire que injusticia estaba cometiendo usted, senador Robledo, con 9.715 pequeños agricultores.

Coltabaco no es el usuario final del crédito.

Esta empresa pide el crédito a favor de estos 9.715 agricultores de tabaco.

Asume el riesgo de no pago. Les brinda asistencia técnica. Les garantiza la comercialización de la cosecha y les asegura un precio remunerativo.

Pero lo más importante, en zonas que antes estaban plagadas por el terrorismo.

Con este objetivo, Coltabaco ha recibido créditos de la línea especial de crédito de Agro Ingreso Seguro entre 2008 y 2009 por $19.823 millones, los cuales implican un subsidio del Gobierno por $1.735 millones.

Es decir, un crédito promedio de 2 millones por agricultor.

Senador, Robledo, explíqueles a los 9.715 agricultores que ya recibieron crédito que usted les va a quitar esa oportunidad.

Oigan esta otra historia:

También se dijo que Luis Carlos Sarmiento Angulo y Corficolombiana recibieron créditos de Agro Ingreso Seguro para enriquecerse a costa del Programa.

¡Una verdad a medias es una mentira completa!

El crédito mencionado es para Unipalma y Organización Pajonales, empresas que tienen una larga tradición agropecuaria.

Unipalma nace en los años 80. Organización Pajonales existe hace más de 40 años.

Corficolombiana, como Corporación Financiera, entra a participar en estas empresas cuando ya estaban consolidadas y ya habían recibido ICR en años anteriores (1996, 1999 y 2000).

Pero se omite lo más importante: gracias a los apoyos de Agro Ingreso Seguro estas empresas cultivan casi 9.000 hectáreas y generan cerca 2.000 empleos dignos y estables.

¿Y saben dónde?

En zonas donde antes era impensable desarrollar la agricultura por la falta de Estado.

Por otra parte, se argumentó en el debate de control político que el sector agropecuario participa con un 12 por ciento en la economía, pero recibe solo el 3 por ciento del crédito total.

Primero, veo con asombro que los senadores de la oposición que pertenecen a la Comisión Quinta de Senado no sepan que el sector agropecuario participa con un 8 por ciento en el PIB del país, según las últimas cifras del Dane.

Y esto pasa porque cada vez hay mayor agregación de valor en los bienes agropecuarios y, por tanto, se miden como agroindustriales.

Segundo, el crédito destinado para el sector agropecuario es crédito productivo y, por ende, no debe ser comparado con crédito de consumo.

Por esa razón, al comparar el crédito agropecuario con la cartera comercial, tenemos que la participación es cercana al 5 por ciento.

Nos falta mucho, pero la brecha no es del 9 por ciento, como se ha afirmado, sino del 3 por ciento.

Y esto se ha logrado gracias al fuerte impulso que le hemos dado el crédito en el sector agropecuario con Agro Ingreso Seguro, el cual, entre 2002 y 2008, ha crecido un 261 por ciento.

Colombianos, ante tanta mentira sobre la concentración de tierras en el país, les quiero contar la verdad.

Si realizamos un ejercicio sobre la concentración de la tierra, excluyendo las 36,2 millones de hectáreas que poseen 771.000 indígenas y afrocolombianos, encontramos que el 6 por ciento de los propietarios poseen el 42 por ciento del área, es decir, 37,3 millones de hectáreas, y el coeficiente de concentración es de 0,78.

Recuerden esta cifra, colombianos, 0,78.

Ahora, senador Robledo, usted, que siempre se echa el chiste flojo que estamos en Cundinamarca y no en Dinamarca, ¿cómo viene a comparar la concentración de Colombia con Corea y Japón?

Por Dios, ¿qué tiene que ver Colombia con Corea y Japón?

Si va a hacer esa comparación, hágala con países de la región.

Por ejemplo, recordando que en Colombia la concentración es de 0,78, en Ecuador es del 0,81, en Brasil es de 0,87, y en Venezuela, ese modelo que tanto le gusta a algunos en la oposición, la concentración alcanza el 0.90, 12 puntos por encima de Colombia.

En línea con la diatriba sobre concentración, varios senadores que han intervenido argumentan que los apoyos del Programa Agro Ingreso Seguro están concentrados en unos pocos.

Sustentan sus afirmaciones en el estudio contratado por el Departamento Nacional de Planeación con el Cega, que analiza los instrumentos hasta el año 2007.

Les aclaramos a los senadores que el Programa Agro Ingreso Seguro lleva tres años de operación, desde el 2007 hasta el 2009.

Por tal razón, muchas de las cifras entregadas en los últimos debates no pertenecen al estudio del Cega.

Así mismo, el estudio del Cede que se cita para afirmar que la productividad en el campo se ha recuperado lentamente, por cuenta de una mala focalización de los subsidios, también va hasta el año 2007.

Cito textualmente:

“Este trabajo explora la evolución estructural del PIB agropecuario en Colombia desde finales de los sesenta hasta el 2007”.

Además, este mismo estudio nos da la razón, pues reconoce las dificultades que generó la Apertura Económica de finales de los 90 y sugiere, cito textualmente:

“(…) la manera más eficiente para incorporar el sector agrícola a la dinámica del resto de la economía es mediante la provisión de incentivos económicos que induzcan a mejoras efectivas de productividad.”

Esto, senadores, es Agro Ingreso Seguro.

Colombianos, queda demostrado que los estudios usados para lanzar críticas sobre Agro Ingreso Seguro son estudios que no corresponden en tiempo y en espacio a la realidad del Programa.

De otra parte, y para claridad en el tema, senadores, nosotros no direccionamos ni sectorial ni regionalmente los recursos.

Los primeros 10 departamentos que reciben el 70 por ciento de los recursos de Agro Ingreso Seguro representan el 65 por ciento del PIB Agropecuario y el 60 por ciento del hectareaje sembrado.

Finalmente, en el Programa Agro Ingreso Seguro hemos aprendido mucho durante su implementación.

Por esta razón, hemos establecido topes por tipo de productor y por cultivo, para garantizar una asignación equitativa de los recursos.

Por ejemplo, en la línea especial de crédito del año 2009 solamente se otorgaron apoyos a pequeños y medianos productores.

En el ICR, como mínimo el 40 por ciento de los recursos debe ser asignado a proyectos de pequeños productores.

En el caso de la asistencia técnica, solo pueden acceder pequeños y medianos productores que tenga menos de 900 millones en activos.

Y en 2010, vamos a acotar los recursos de riego a pequeños y medianos productores.

Estos ajustes han permitido que la concentración, medida de manera científica y no a través de ejemplos aislados como se presentó aquí, haya disminuido con el Programa AIS.

Si lo que quiere medir es la concentración de los subsidios, se debe referir al coeficiente de concentración, no al Gini.

Para claridad de los colombianos, este índice, mientras más bajo mejor, porque quiere decir que están mejor distribuidos los subsidios.

En el caso del ICR, en 2004, cuando no existía el Programa AIS, el indicador de concentración era de 0,85, mientras que en 2009, una vez consolidado el aporte del AIS al ICR, este indicador fue de 0,79.

En el caso de la línea especial de crédito, la concentración ha disminuido sistemáticamente, pasando de 0,88 en 2007 a 0,74 en 2009.

En el caso de la convocatoria de riego, este indicador arroja valores negativos desde su creación y llega a -0,03 en el año 2009, lo cual indica que se trata de un subsidio progresivo que no se concentra en unas pocas manos.

Senadores, colombianas y colombianos:

La intervención en el debate de control político cuando no tuve la oportunidad de hablar fue una intervención plagada de mentiras y soportada únicamente en fuentes periodísticas.

Y yo todavía no puedo creer que me haya citado a un señor Obispo que está en contra del Programa Agro Ingreso Seguro.

Pero como ese es el caso, me toca citar a dos párrocos que manifestaron su apoyo al Programa, en comunicaciones del mes de agosto, para que no vaya a decir que me las conseguí hace poco.

Aquí también se afirmó que a pesar de que el Congreso había incluido a los pequeños agricultores en el Comité Intersectorial, el Gobierno no había hecho nada.

¡Otra mentira más!

Les traigo los documentos que demuestran la reglamentación para elegir al representante de los pequeños productores, y el nombramiento, desde el año 2007, del señor Alberto Segundo Prado Vallecilla, pequeño agricultor de Tumaco, como representante de los pequeños en el Comité Intersectorial de Agro Ingreso Seguro.

¡Cuánto desconocimiento!

También se afirmó en el debate del martes pasado que este Gobierno no había hecho nada para evitar la concentración de la tierra en manos de narcotraficantes y paramilitares.

Permítanme recordarles que ha sido este Gobierno el que logró desmontar el paramilitarismo en Colombia, y el Gobierno que ha enfrentado sin vacilación al narcotráfico.

Pero, además, en gobiernos anteriores era prácticamente imposible la extinción de dominio a las propiedades de los narcotraficantes y delincuentes, tanto así que tan solo se había logrado la extinción de 14 predios rurales.

Fue el Gobierno del Presidente Uribe el que sancionó, en el año 2002, la Ley 793, en donde se contempla, contrario a la ley anterior, que todos los predios de la gente que haya sido procesada y condenada por un delito, el Estado tiene derecho a presumir que sus activos fueron adquiridos producto de las actividades ilícitas. Es decir, se invierte la carga de la prueba.

Gracias a esta Ley del Presidente Uribe hemos entregado 50 mil hectáreas a más de 3.800 familias campesinas.

Pero estas 50.000 hectáreas no es lo único que hemos hecho.

Hemos entregado más de 2.500.000 hectáreas para 81.650 familias.

2.346.000 hectáreastituladas a nuestros campesinos, negros e indígenas.

73.000 hectáreascompradas para nuestros campesinos.

70.000 hectáreasque han logrado comprar nuestras Familias Guardabosque.

Y 23.000 hectáreas que se habían prometido a las comunidades indígenas en gobiernos anteriores, y que este Gobierno está honrando.

Yo reto a cualquier Ministro de Agricultura del pasado y a cualquier gobierno anterior a que muestre unos resultados similares para disminuir la concentración de la tierra en Colombia.

También se dijo que los Consejos Comunitarios de Curvaradó y Jiguamiandó, en Belén de Bajirá (Chocó) eran un ejemplo claro del desplazamiento generado por la palma y el Programa Agro Ingreso Seguro.

Primero, es de aclarar que Curvaradó y Jiguamiandó pertenecen al municipio Carmen del Darién, no a Belén de Bajirá.

Pues bien, en estas tierras, propiedad de los Consejos Comunitarios de Curvaradó y Jiguamiandó, el Ministerio adelantó una agresiva estrategia jurídica y logró la recuperación legal de 29.343 hectáreas.

Gracias a la acción del Ministerio, a la fecha se logró la entrega voluntaria de 1.369 hectáreas por parte de dos empresas.

Y, además, gracias a la acción de tutela que interpusieron las comunidades con acompañamiento del Ministerio de Agricultura, el Tribunal Administrativo de Quibdó falló en favor de los consejos comunitarios.

Eso obliga a que los ocupantes de las 27 mil hectáreas restantes hagan entrega material de los territorios a los Consejos Comunitarios, en un plazo no mayor a 30 días.

¡Eso es lo que hay que contarle al país!

Finalmente, el senador (Juan Fernando) Cristo busca robarse un par de aplausos desprevenidos tratando de mostrar casos que no son diferentes a los que ya hemos explicado.

El primer caso que menciona:

Señala que dos empresas (Río Cedro y El Convite), cuyo representante legal está siendo investigado por nexos con paramilitarismo, recibieron apoyos del Ministerio.

El mismo senador afirma que desconoce el curso de la investigación.

Nosotros también lo desconocemos, porque no somos jueces de la República.

¿Deberíamos juzgarlo nosotros quitándole el subsidio, aún cuando la justicia no haya tomado decisiones?

¡Claro que no!

Estas empresas son productoras de banano para exportación y han recibido incentivos como todos los exportadores agropecuarios del país, para proteger el millón de empleos que generan en el sector agropecuario.

Y el otro caso que menciona:

En el Incentivo a la Asistencia Técnica (IAT) del Programa Agro Ingreso Seguro se afirma que les hemos entregado subsidios a criminales.

En primer lugar, la Ley 607 de 2000 establece que la asistencia técnica es un servicio público, de carácter obligatorio y subsidiado con relación a los pequeños y medianos productores, y es similar al que prestan los médicos y odontólogos en su servicio rural.

Es como decir que una brigada de salud llega a un municipio de Colombia y para atender a las personas les pide el pasado judicial y el que no lo tenga no es atendido.

Un ejemplo de lo anterior son los casos denunciados de Jesús Manuel Ortiz, Arnulfo Ortiz Alvarado y Luis Ramón Quintero Ramírez, quienes, además de haber accedido a la asistencia técnica, están registrados en el Sisbén y hacen parte del régimen subsidiado de salud.

Ahora bien, el incentivo de asistencia técnica se entrega a los gremios y a otras entidades habilitadas, para ampliar sus servicios de asistencia técnica y atender a más pequeños y medianos productores.

Los beneficiarios en ningún momento contratan con el Estado.

En los casos anteriores, el gremio que ofrece el servicio es la Federación Nacional de Cafeteros y las tres personas están inscritas en el Comité Departamental de Cafeteros de Norte de Santander.

Será que por estos casos que menciona el senador Cristo tenemos que eliminar el incentivo de asistencia técnica que beneficia a 120.537 pequeños y medianos productores y sus familias.

Explíquele usted eso, senador Cristo, a la Federación Nacional de Cafeteros y a sus afiliados.

Y el caso final que es digno de una caricatura:

Se mencionó que hemos entregado subsidios de vivienda de interés social rural a personas que no existen y a personas muertas.

Pues bien: en la lista de los subsidios de vivienda se publica todo el núcleo familiar, incluyendo niños y adultos mayores, ya que según la Ley 3 de 1991 y el Decreto 973 de 2005, todos son beneficiarios y no pueden acceder a más de un subsidio de vivienda.

Lo que olvidan quienes denunciaron este caso es que no se pueden comparar los registros civiles de niños con cédulas de ciudadanía.

Permítanme mostrarles el supuesto gran descubrimiento con un ejemplo:

Del listado de beneficiarios tomamos una menor de edad, con registro civil número 20915, hace parte de una familia beneficiada con un subsidio de vivienda de interés social rural.

Lo que se hizo fue buscar el registro civil de la menor, en una base de cédulas de ciudadanía.

Claramente no coincide y corresponde a una cédula cancelada por muerte según Resolución 2073 del año 1968.

Pero vean que el registro civil sí existe y el subsidio no se le entregó a un muerto.

Casos como estos puede haber muchos dentro de los más de 73.475 beneficiarios del programa de vivienda rural.

¡Qué gran descubrimiento!

Conclusiones

Para concluir, senadores, colombianas y colombianos, les quiero demostrar que la política agropecuaria de este Gobierno, que tiene en el Programa Agro Ingreso Seguro su principal estandarte, ha funcionado.

Una imagen vale más que mil palabras: hemos recuperado 675 mil hectáreas sembradas de cultivos lícitos en 7 años, del millón de hectáreas que se perdieron en los noventa por la Apertura Económica, por la ausencia de Estado y por la falta de políticas agropecuarias serias.

Por ejemplo, en cultivos transitorios como arroz, maíz, fríjol y hortalizas, hemos crecido 110.000 hectáreas.

Mientras en cultivos de tardío rendimiento, como cacao, palma, frutas, forestales, hemos incrementado el área sembrada en 565 mil hectáreas.

Gracias a la inversión que estamos promoviendo en el campo, hemos logrado incrementar la productividad en 10 por ciento, es decir, estamos produciendo más a menos costos.

Hoy estamos produciendo 5 millones de toneladas más de alimentos para los colombianos y para el mundo.

Esta cifra récord en producción nos permite tener la inflación más baja en los últimos años.

Esto se traduce en que un ama de casa con su mismo ingreso, hoy puede comprar más alimentos para sus hijos.

A diferencia de otros países que sufren de escasez, como el modelo venezolano que tanto admiran algunos de la oposición, Colombia hoy tiene una suficiencia alimentaria del 90 por ciento.

Esto se refleja en que hoy el país recibe por sus exportaciones casi tres veces de lo que paga por sus importaciones.

A su vez, más área, más inversión y más producción son los responsables de que hayamos podido reducir en casi 3 puntos el desempleo en el campo, el cual se ubica hoy en 7,9 por ciento.

Así mismo, la pobreza que nos entregaron bordeando los 80 puntos, hoy en día está en 65 puntos.

Nos falta mucho, pero la hemos bajado 15 puntos.

Colombianas y colombianos, estas son las cifras. Esta es la verdad.

Hoy, ante ustedes, senadores, colombianas y colombianos, hemos mostrado el abandono del campo antes de que llegara este Gobierno.

Hemos demostrado que la Seguridad Democrática, la confianza inversionista y la cohesión social sin Agro Ingreso Seguro son insostenibles y, a su vez, que Agro Ingreso Seguro sin estos pilares es imposible.

Hemos mostrado que Agro Ingreso Seguro es la respuesta a los clamores de los campesinos en Colombia.

Hemos explicado el proceder de este Gobierno, el Gobierno de la denuncia, el Gobierno del escrutinio público, el Gobierno que ataca sin vacilación la corrupción.

Hemos desmentido todos y cada uno de los mitos calumniosos que se han tejido alrededor de Agro Ingreso Seguro.

Hemos destruido todas y cada una de las mentiras que han lanzado nuestros contradictores.

No nos podemos arrepentir de haberle apostado al campo, senadores que acompañan las tesis de este Gobierno.

Los resultados nos muestran que teníamos la razón.

Y si esos resultados no bastan, miren lo que tengo en mi mano.

El apoyo total e irrestricto al Programa Agro Ingreso Seguro por parte de los gremios de la producción agropecuaria.

Y el respaldo de todos los secretarios de Agricultura de Colombia, de todas las banderas políticas.

Citando al Presidente Uribe: “Lo que se necesita hoy es el éxito empresarial del pequeño, del mediano y del grande, con compromiso social, con generación de empleo y con seguridad social”.

La Seguridad Democrática, la confianza inversionista y la cohesión social son los elementos de una política que el Presidente Uribe le propuso al país y por la cual votaron más de 7 millones de colombianos.

El Programa Agro Ingreso Seguro es un componente fundamental de estos pilares.

Y por eso hoy, senadores, colombianas y colombianos, los invito a que defendamos de manera decidida esta causa que todos ayudamos a construir y que todos debemos preservar.

Los colombianos deben tener siempre presente que este es un debate político y que esta moción de censura es un juicio político.

Curiosamente, los acusadores en este juicio, el Partido Liberal y el Polo, tuvieron varias objeciones de conciencia, por ser beneficiarios directos o indirectos del Programa Agro Ingreso Seguro.

Colombianos, les parece a ustedes coherente juzgar al Ministro de Agricultura por el Programa Agro Ingreso Seguro y, por otra parte, beneficiarse del mismo.

Ni siquiera quien radica la moción de censura tiene claridad sobre sus impedimentos para adelantar este juicio. Esto demuestra lo politizado y poco objetivo que ha sido este debate”.