El traslado de detenidos desde Bahía de Guantánamo a una prisión en gran parte vacia en esta localidad crearía puestos de trabajo muy necesitados, dijeron funcionarios que recorrieron la cárcel el lunes, desestimando la preocupación sobre riesgos de seguridad.

La propuesta de que la Oficina Federal de Prisiones compre el Centro Correccional Thomson de 1.600 celdas al estado de Illinois, necesitado de fondos, y use parte del recinto para albergar a unos 100 extranjeros sospechosos de actividades terroristas ha desencadenado una batalla política.

Republicanos y algunos expertos en seguridad han criticado con fuerza el plan del Gobierno para llevar a los detenidos a suelo estadounidense para juzgarlos o encarcelarlos, sosteniendo que ésto comprometería la seguridad de la nación y les haría gozar de protecciones legales que no merecen.

El presidente Barack Obama ha dicho que cerrará la prisión en la base naval de Bahía de Guantánamo (Cuba) para el 22 de enero, aunque funcionarios de la Casa Blanca han indicado que esa fecha límite podría no ser cumplida.

La propuesta de Illinois es una de las pocas solicitudes para albergar a los detenidos, debido a que los estados afectados por la recesión buscan el impulso que brindaría una prisión federal. La Casa Blanca ha dicho que varios recintos están siendo considerados.

Mantener indefinidamente a los prisioneros en Guantánamo ha generado la crítica internacional.

Guantánamo se ha convertido en “una herramienta de reclutamiento para terroristas (…) Este es un nuevo capítulo”, dijo Phil Carter, quien está a cargo de las políticas de detención del Departamento de Defensa.

“Se tomarán pasos para minimizar los riesgos”, agregó, citando la proximidad de las agencias federales del orden que podrían ser aprovechadas en Chicago, a 240 kilómetros de Thomson.

Edificado hace ocho años, la prisión de Thomson está “bien construida, bien diseñada y brinda las mejorías de seguridad y capacidades que requerimos y esperamos para el tipo de reclusos que albergaríamos aquí”, dijo Harley Lappin, jefe de la Oficina Federal de Prisiones, quien también participó en la visita.
Un tema que está en discusión es cuántos puestos de trabajo podría crear la cárcel.

Quienes apoyan el establecimiento de la prisión federal dijeron que podría inyectar unos 1.000 millones de dólares en la economía local y generar hasta 3.250 empleos, pero los republicanos dicen que el impacto podría ser menor.

Lappin declaró que podría haber hasta 500 nuevas contrataciones y la prisión tendría un presupuesto anual de 85 millones de dólares. Entre 1.000 y 1.500 guardiacárceles custodiarían a los detenidos.

Los vecinos de la localidad de 600 habitantes están generalmente a favor de la inyección de dinero federal, pero algunos expresaron reservas acerca de posibles riesgos.

(Reuters)