La experiencia desarrollada este año por la Registraduría Nacional del Estado Civil, encaminada a evitar la suplantación de votantes y la manipulación de actas de escrutinio a través de la implementación de las distintas fases del voto electrónico en las elecciones atípicas de alcaldes y gobernadores celebradas en 2009, no podrá implementarse para las elecciones de Congreso y Presidente de 2010, porque no fueron aprobados recursos para ello.

El presupuesto aprobado para las elecciones del 14 de marzo y el 30 de mayo de 2010 asciende a $233.772 millones recursos que equivalen a los costos de las elecciones de 2006, más los ajustes por inflación y la elección de Parlamento Andino.

El Registrador Nacional del Estado Civil, Carlos Ariel Sánchez Torres, advirtió hoy que por fuera de este presupuesto quedó la solicitud por $150.376 millones, presentada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para el alquiler de un sistema de plena identidad de electores a partir de la huella dactilar, para implementar en todos los municipios zonificados, el escrutinio automático de mesa el día de la elección y la instalación de puntos de simulación de voto en las 32 capitales del país, para desarrollar ejericios de pedagogía electoral e información al sufragante.

“Con base en las sentencias de nulidad del Consejo de Estado de las elecciones de Congreso de los años 2002 y 2006, se hizo un mapa de riesgo electoral, para priorizar los controles en las zonas de mayor dificultad. Sin embargo no se aprobaron recursos para evitar que estas situaciones vuelvan a presentarse,” advirtió el Registrador Nacional en el marco del foro Revisión a la Reforma Política de cara a las Elecciones del Año 2010, realizado hoy en la Universidad del Rosario, en Bogotá.

Si se hubiese aprobado un monto inferior al solicitado, se implementarían las herramientas tecnológicas en las zonas de mayor riesgo electoral. No obstante, este proyecto no podrá desarrollarse porque no fue asignado ningún recurso para transparencia electoral y voto electrónico.

La Corte Constitucional en la sentencia C-307 de 2004, al hacer la revisión previa de constitucionalidad de la Ley Estatutaria 892 de 2004, conocida como Ley de Voto Electrónico, señaló que “…la implementación del nuevo mecanismo y la puesta en marcha de los planes piloto sólo puede hacerse mediante gasto público, en la magnitud que finalmente determinen las autoridades competentes…”. De esta forma los planes piloto y la implementación del voto electrónico establecidos en la Ley 892 de 2004, quedaron supeditados a los recursos que el Gobierno Nacional destine para dicho fin.

En 2007 el Ministerio de Hacienda asignó $392 millones para planes piloto de voto electrónico en Bogotá, San Andrés y Pereira. A comienzos de 2008 la Registraduria estructuró el proyecto denominado “Implementación de Nuevas Tecnologías al Proceso Electoral Colombiano”, el cual se presentó y debatió en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Departamento Nacional de Planeación, pero no obtuvo viabilidad presupuestal. Este año se solicitaron $150.000 para implementar el voto electrónico en las elecciones de 2010, pero tampoco se obtuvo respuesta positiva.