El estado de emergencia fue decretado en el sur de Filipinas el martes, un día después de una masacre originada por rivalidades políticas entre clanes que dejó al menos 46 muertos, entre los cuales figuran políticos y periodistas.

Después de que en la víspera se encontraron 22 cadáveres, la policía descubrió este martes otros 24 cuerpos cerca de la aldea de Saniag, en la provincia de Maguindanao.

Las víctimas, entre las cuales hay 14 mujeres, fueron secuestradas el lunes por hombres armados que según parientes de las víctimas fueron pagados por el gobernador de la provincia, Andal Ampatuan, jefe de un clan musulmán.

Según el ejército y allegados a las víctimas, éste último habría organizado la matanza para impedir que un rival, Esmael Mangundadatu, se presentase como candidato para elecciones programadas para el año próximo.

Los cadáveres, acribillados de balas, fueron retirados de varias fosas comunes, indicó el jefe nacional de la policía, Jesús Verzosa.

El ejército desplegó refuerzos en la región y la presidente filipina, Gloria Arroyo, decretó ese mismo día el estado de emergencia en una parte de la isla.

El estado de emergencia concierne a la provincia de Maguindanao y a dos zonas limítrofes, con un total de 1,54 millones de habitantes.

Entre las víctimas figuran también periodistas sin ningún vínculo con los dos clanes rivales, indicaron la policía y el ejército. Varias de la mujeres habrían sido violadas, según las mismas fuentes.

Los periodistas acompañaban a la esposa de Esmael Mangundadatu que debía presentarse candidato para el cargo de gobernador de la provincia.

El jefe local de la policía fue destituido de sus funciones y detenido. Hay testigos que afirmaron que dos de sus tenientes y otros dos policías estaban presentes cuando se produjo la matanza.

Según la policía, numerosas víctimas, que fueron interceptadas cuando circulaban en convoy, fueron muertas a balazos en el interior mismo de sus vehículos.

Los arreglos de cuentas y las violencias entre clanes rivales, que disponen de milicias privadas, son relativamente frecuentes en el sur de Filipinas, que es también escenario de un conflicto entre el ejército y los rebeldes separatistas musulmanes.

Más de un millón de armas circulan ilegalmente en Filipinas, en el seno de una población total de 92 millones de habitantes, y cada elección da lugar a enfrentamientos con decenas de homicidios.

No obstante, la amplitud de la matanza del lunes, y los objetivos que tuvo ésta, aparentemente sin relación con los clanes rivales, provocaron profunda conmoción en el país.

El clan de gobernador cuestionado, que apoya la coalición en el poder de Gloria Arroyo, dirige desde hace tiempo la provincia de Maguindanao, afectada por una rebelión de los separatistas musulmanes.

(Con información de AFP)