El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Augusto Ibáñez, negó hoy cualquier conflicto entre los poderes ejecutivo y judicial con respecto a la elección de un nuevo fiscal general de la Nación, y aseguró que la Corte sólo tiene “el deseo y la obligación de acertar”.

“Sencillamente, la Corte está ejerciendo su función en una responsabilidad mayúscula” como es la elección del fiscal, y a ello obedece el examen “muy sopesado, muy prudente y muy ponderado” de los candidatos, dijo Ibañez a Efe en Madrid, donde asistirá este jueves a la presentación del Segundo Informe del Observatorio Internacional sobre la Ley colombiana de Justicia y Paz.

La elección del nuevo fiscal general colombiano está inmersa en una polémica después que la CSJ desestimará la idoneidad de la terna propuesta por el presidente, Álvaro Uribe.

En el marco de este desencuentro, el Gobierno de Uribe acusó hoy en un comunicado a Ibañez de mentir y cuestionó su idoneidad para “administrar justicia” al frente de la Corte, el máximo tribunal judicial de Colombia.

Se da la circunstancia de que la CSJ investiga casos sensibles como un escándalo de supuestas escuchas ilegales del servicio secreto a periodistas, magistrados, opositores y activistas de derechos humanos, y las acusaciones contra los hijos del presidente Uribe por presunto tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito.

Con respecto al comunicado gubernamental de hoy, Augusto Ibáñez aseguró que en su calidad de magistrado de la Corte Suprema de Justicia de Colombia no contesta “a comunicados de prensa o a agresiones”.

“Lo que se debe respetar y comprender es que la Corte no es sólo tramitadora; es deliberante y estamos en un momento de mayor interés por muchos temas internos e internacionales”, dijo Ibañez.

“Colombia está desarrollando una Ley de Justicia y Paz. Colombia está interesada en una reparación a las víctimas y, obviamente, eso se hace por medio de una Fiscalía”, dijo el presidente del alto órgano judicial, y agregó que de ahí se desprende la necesidad de examinar correctamente las “calificaciones” de los aspirantes a ese nombramiento.

Recordó también que la CSJ celebró en su momento una audiencia pública en directo ante los medios de comunicación y consideró que la terna presentada por Uribe no cumplía con las exigencias de la Corte Suprema de Justicia.

Ibañez explicó, como portavoz de los 23 magistrados de la CSJ, que después de la reforma del Código de Procedimiento Penal de 2000 y 2004, se “comprendió y entendió que frente al país el nombramiento de un fiscal general de la Nación es un acto de gran responsabilidad”.