El principal sospechoso de la matanza en la que hace dos días perdieron la vida 57 personas, en la sureña isla de Mindanao de Filipinas, pertenece al partido de la presidenta Gloria Macapagal Arroyo. El regidor del poblado de Datu Unsay, Andal Ampatuan, conocido en la zona como El Padrino, es miembro del Lakas-Kampi y su padre es un poderoso aliado de Macapagal Arroyo.

Aunque las autoridades locales tienen pocas dudas sobre la identidad de los culpables, nadie ha sido detenido en relación a la masacre ocurrida en la provincia de Maguindanao, a 950 kilómetros al sur de Manila.

Al menos 100 individuos armados asaltaron el lunes último una oficina de la Comisión Electoral y se llevaron al personal en tres furgonetas.

La policía encontró el primer día los cadáveres de 13 mujeres y ocho hombres sin cabezas y la víspera fueron hallados otros 22 cuerpos acribillados a balazos en una fosa común.

Este miércoles, el número de víctimas fatales aumentó al ser descubiertos seis nuevos cadáveres en una fosa excavada con maquinaria pesada.

Al parecer, los pistoleros eran mercenarios a sueldo y algunos de ellos estaban empleados como escoltas y guardias de seguridad de la familia Ampatuan, cuyo cabecilla quería impedir que el vicealcalde de la ciudad de Buluan, Ibrahim Mangudadatu, se presentara a los comicios legislativos de mayo próximo.

Entre las personas que perdieron la vida figuraban abogados, periodistas y familiares directos de Mangudadatu.

Ramóm Batacan, abogado y compañero de varios de los letrados asesinados, señaló que se demostró la ineficacia del gobierno para hacer cumplir las leyes en las zonas del país dominadas por clanes familiares aliados.

El Centro para el Poder Popular en la Gestión de Gobierno indicó que en el archipiélago conviven 250 dinastías políticas y 160 de los 265 legisladores del Congreso pertenecen a esos clanes.

Organizaciones civiles recordaron que durante los ocho años en el poder de Macapagal Arroyo se han cometido cerca de 900 ejecuciones extrajudiciales y la mayoría no han sido resueltas.

La oposición pidió a la presidenta filipina que suspenda de sus funciones en el gobierno local y nacional a los responsables de la masacre y exigió el desarme de los grupos que operan en la provincia de Maguindanao.

Las divergencias entre clanes casi siempre se solucionan a tiros y los culpables casi siempre logran evadir a las fuerzas de seguridad.

A medida que se acercan los sufragios, se teme un incremento de los asesinatos por encargo y los secuestros.

La campaña para las elecciones legislativas arrancará en mayo venidero, pero el plazo para remitir la documentación de los aspirantes termina a finales de mes.