Pese al anuncio del gobierno colombiano donde aclara que no asistirá a la cumbre ningún miembro del alto ejecutivo, los ministros de Defensa y Relaciones Exteriores sudamericanos buscarán bajar la tensión entre Venezuela y Colombia por las bases militares que este país puso al servicio de Estados Unidos, durante una reunión este viernes en Quito marcada además por la crisis entre Perú y Chile.

Colombia anunció el jueves, sin embargo, que sus ministros no asistirán y que enviará una delegación técnica. «La actitud y reciente escalada de agravios que ha recibido el gobierno colombiano y el pueblo de Colombia no permiten prever que las discusiones que se lleven a cabo en la reunión (…) se desarrollen en un tono de respeto, objetividad y equilibrio temático», justificó el ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado.

El de este viernes es el tercer encuentro de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) sobre la cuestión de las bases tras la cumbre de presidentes de Bariloche (Argentina), en agosto, y una cita ministerial en septiembre en Quito.

Bogotá subrayó el jueves que, como resultado de esas reuniones, publicó el texto del acuerdo con Washington y ofreció «garantías formales a los países de la región de que no afectará la soberanía de terceros Estados».

El ministro ecuatoriano de Seguridad, Miguel Carvajal, cuyo país ejerce la secretaría pro témpore del grupo, había dicho que la nueva cita sería la «continuación de un proceso» para «profundizar las medidas de confianza mutua». «Existe una preocupación del conjunto de UNASUR en el sentido de que aquello pudiera servir para actividades extraterritoriales que vulneren la seguridad y soberanía de terceros países», afirmó Carvajal, remarcando que el tema de las garantías «no se ha resuelto».

La reunión ocurrirá en medio del incidente por el caso de un militar peruano que supuestamente espió para Chile, aunque de momento no está previsto que el foro aborde la cuestión, pues Santiago estima que es «estrictamente bilateral».

Bogotá y Washington firmaron el 30 de octubre un convenio contra el narcotráfico y las guerrillas izquierdistas que permite a militares estadounidenses el uso controlado de siete bases colombianas.

La tensión entre Colombia y Venezuela escaló tras la firma del convenio hasta tal punto que el presidente Hugo Chávez llamó a los militares y al pueblo venezolano a «prepararse para la guerra», aunque luego negó estar propiciando un conflicto armado.

Por su parte, Bogotá denunció ante el Consejo de Seguridad de la ONU las «amenazas de Venezuela de usar la fuerza» en su contra, y puso al Ejército en máxima alerta en la frontera de 2.200 km, donde en el último mes fueron asesinados ocho colombianos y dos militares venezolanos.

Chávez asegura que el pacto configura una plataforma de ataque a Venezuela por parte de Estados Unidos -al que culpa del golpe de Estado que sufrió en 2002- y una estrategia para recuperar su hegemonía en la región.

«Hay que hacer esfuerzos de distensión», estimó Carvajal, señalando que los ministerios de Exteriores trabajan en «intercambio de notas y búsqueda de textos y puntos de convergencia».

Pero a priori la reunión se vislumbra álgida por el anuncio de Venezuela de que presentará pruebas sobre el fondo del acuerdo militar y por las críticas de Bogotá a lo que consideró el silencio de UNASUR ante las «amenazas» de Chávez.

El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, salió al paso de esos cuestionamientos enviando una carta a sus homólogos en la que manifiesta preocupación por las tensiones entre Colombia y Venezuela y de Perú con Chile e insistió que el «problema real» son las bases.

Chile anunció el jueves que presentará en la cita una propuesta para la creación de una fuerza combinada de defensa sudamericana y se sumó al proyecto de crear un ‘Protocolo de paz y seguridad’ en la región, planteado por Perú.