El presidente peruano, Alan García, negó el viernes la existencia de un «escuadrón de la muerte» supuestamente integrado por policías para matar a delincuentes en el norte de Perú, como habían denunciado medios locales.

La denuncia generó presiones sobre el actual ministro de Interior, Octavio Salazar, quien fue acusado por la oposición de levantar «cortinas de humo» para evitar investigaciones en torno a la existencia del presunto grupo ilegal.

Sin embargo, García dijo que la policía «está facultada para responder con sus armas de fuego» en caso de un enfrentamiento con delincuentes y criminales que hagan uso de sus armas.

«En el Perú no ha habido, ni hay, ni habrá ningún escuadrón de la muerte que mate a asesinos o que extermine criminales», dijo García en una conferencia de prensa en la que habló sobre diversos temas.

«Asesinos y criminales son seres humanos también y aunque destruyan las vida de otros seres humanos, nosotros no podemos reaccionar de la misma manera», afirmó.

Medios locales reportaron hace algunas semanas que un fiscal de la ciudad norteña de Trujillo investigaba a decenas de policías -supuestos integrantes del «escuadrón de la muerte»- por presuntas ejecuciones extrajudiciales de unos 40 delincuentes de esa ciudad, una de las más violentas del país.

«Creo, hasta donde conozco, que no existe tal escuadrón, ni existen personas que asuman esa horrible responsabilidad (…) ni se violará el derecho de ningún delincuente por más tremendas que sean sus faltas», afirmó.

García, quien afirmó haber pedido una «información cabal» de cada una de las denuncias, afirmó que tampoco permitirá que se pierda el orden y la seguridad en el país, después que el miércoles murieran dos civiles en un enfrentamiento cuando la policía trataba de arrestar a sospechosos de un ataque a un proyecto de cobre de la china Zijin.

La policía está investigando el ataque contra el proyecto cuprífero ocurrido a inicios de noviembre, en el que murieron tres personas luego de que una veintena de desconocidos asaltaron y quemaron el campamento minero Rio Blanco, ubicado en la localidad de Huancabamba, en la región norteña de Piura.

«Cuando la policía, por orden judicial, se apersona para detener a los responsables sindicados como asesinos y se junta un grupo de personas que se oponen, agreden a la policía e inclusive con armas de fuego atacan, la policía, tiene, no solo el derecho, sino la obligación de repeler el ataque», afirmó.

El abogado de los presuntos atacantes al proyecto cuprífero, David Velazco, acusó en la víspera a la policía de actuar en forma «irregular», generando temor en la población.

El negocio minero es uno de los pilares de la economía de Perú, el tercer productor mundial de cobre, el primero de plata, el segundo de zinc y el sexto de oro.

(Con información de Reuters)