El Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, oficializó una petición al Consejo Superior de la Judicatura para que se investigue a 35 jueces que supuestamente dieron trámite indebido a demandas contra el Instituto Nacional de Vías, INVIAS, que pueden comprometer más de 270 mil millones de pesos.

Los funcionarios judiciales están adscritos a los departamentos de Sucre, Magdalena, Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, Cundinamarca y Guajira.

Las condenas impuestas se originaron en virtud de la supuesta ocupación de terrenos rurales a particulares para la construcción y rehabilitación de vías terciarias en estas regiones del país, por parte del liquidado Fondo Nacional de Caminos Vecinales, cuyo valor asciende a más de treinta mil millones de pesos.

El Procurador General advirtió que con estas acciones judiciales se puede afectar el patrimonio público, toda vez que fueron tramitadas mediante un procedimiento distinto al señalado por la ley, en cuanto a que estas reclamaciones debieron ser conocidas por la justicia de lo contencioso administrativo y no por la jurisdicción ordinaria, como ha venido ocurriendo hasta el momento.

Además, se advierte que con antelación (antes de las 38 condenas) el INVIAS ya había sido hallado responsable en otros procesos judiciales tramitados presuntamente en similares circunstancias, cuyo valor ascendió a cerca de 26 mil millones de pesos, recursos que ya fueron cancelados a los beneficiarios entre la vigencia de 2006 y agosto de 2009.

El Procurador General de la Nación expresó su preocupación porque estás cuantías son susceptibles de incrementarse en forma exponencial, en caso de que prosperen otras 262 demandas que se encuentran en curso en contra de INVIAS, por circunstancias similares y en diversos juzgados que hacen parte de la jurisdicción ordinaria.
Así, el valor de las reclamaciones puede alcanzar los 270 mil 818 millones de pesos.

Al mismo tiempo, que el Jefe del Ministerio Público solicitó al Consejo Superior de la Judicatura que se investigue a los juzgados implicados, pidió examinar alternativas para salvaguardar los recursos comprometidos en las 38 condenas que la justicia ordinaria profirió contra INVIAS.