Las denuncias de torturas, asesinatos y detenciones ilegales por parte del Ejército mexicano han aumentado a medida que avanza la lucha de los soldados contra los cárteles de las drogas, dijo Amnistía Internacional.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos recibió cerca de 2,000 acusaciones contra los militares en el 2008 y los primeros seis meses del 2009, frente a las 367 quejas del 2007 y 182 en el 2006, dijo la organización activista en un reporte.
En un caso documentado por Amnistía, Saúl Becerra, de 31 años, fue detenido durante una redada del Ejército en agosto del 2008 en un lavadero de autos de Ciudad Juárez, junto a la frontera con Estados Unidos y una de las ciudades más peligrosas de México.
Su cuerpo fue hallado un año después y su certificado de defunción mostró que murió el día posterior a su detención, debido a una hemorragia cerebral por traumatismo craneoencefálico.
“Los casos del informe demuestran asimismo que, cuando los abusos son perpetrados por miembros del Ejército, la respuesta del Estado a todos los niveles es ineficaz”, dijo Amnistía en su informe.
“El hecho de que ni las autoridades civiles ni las militares emprendan acciones eficaces para prevenir y castigar estas graves violaciones de derechos humanos equivale a ser cómplice de ellas”, agregó.
El presidente mexicano, Felipe Calderón, tiene desplegados a cerca de 45,000 militares en distintas zonas del país para combatir a las bandas de narcotraficantes que luchan por las rutas para introducir drogas a Estados Unidos, el principal consumidor de estupefacientes del mundo.
Pero la presencia del Ejército no ha conseguido disminuir la violencia. Más de 16,000 personas han muerto desde que Calderón asumió en diciembre del 2006, en su mayoría narcotraficantes por enfrentamientos entre ellos o con fuerzas de seguridad.
En una muestra de la intensidad de la violencia, supuestos sicarios atacaron una helicóptero de la policía el martes en el norteño estado de Durango, provocando un tiroteo entre soldados y pistoleros en el que 10 de éstos murieron, dijeron la policía y los militares.
Decenas de miles de personas protestaron el domingo en Ciudad Juárez, exigiendo el retiro de los cerca de 10,000 efectivos militares y policías federales presentes en el lugar desde marzo.
El secretario de Gobernación, Fernando Gómez Montt, dijo en un comunicado que va a examinar seriamente el reporte de Amnistía y que el Ejército está comprometido con la protección de los derechos humanos.
Los altos mandos militares han negado de manera continua los abusos y dicen que quienes violan los derechos humanos o se han pasado al bando de los narcotraficantes, han sido juzgados por la justicia militar.
