A instancias del Senado y la Cámara de Representantes, en el Congreso colombiano, distintos sectores políticos dejaron al descubierto su preocupación por el aumento del clima de tensión en las relaciones con Venezuela.

Los congresistas reiteraron que las amenazas y ataques verbales del gobierno del vecino país y los anuncios del suministro de armas rusas de largo alcance de reciente adquisición, traban las posibilidades de un acercamiento sobre el respeto al Derecho Internacional de Naciones y a la búsqueda del diálogo entre ambos países.

Sin descartar la mediación de uno o varios países, así como de delegados de Naciones Unidas, la tendencia es asumir a partir de esta misma semana, el tema para definir una estrategia con la que la rama legislativa respalda al gobierno a encontrar un camino de entendimiento y no de utilización de armas, considerando de la mayor importancia, la mediación internacional como lo expresó con preocupación la senadora Alexandra Moreno integrante de la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso.

“Yo veo que esto se va a empeorar, pues de hecho todos los días son noticias desagradables, y ante el proceder de Venezuela, se reconoce que Colombia está a la defensiva, pero ante un ataque de Venezuela, pues Colombia puede responder, es un clima bastante delicado” dijo Moreno.

En el mismo orden informativo, la Defensoría del Pueblo notificó a distintos organismos de seguridad del Estado, la necesidad de establecer protección para el joven Manuel Júnior Cortés, de 18 años, único sobreviviente de la matanza de nueve jóvenes colombianos en el Estado Táchira, ocurrida el 11 de octubre pasado.

El Defensor del Pueblo Volmar Pérez, dijo que contra Júnior Cortes y su familia, residentes en Colombia, se han recibido amenazas y presiones desde territorio venezolano, luego de que el joven rindió testimonio a fiscales colombianos sobre las circunstancias del crimen.

Para la Comisión de Asuntos Exteriores en el Congreso, como para expertos internacionales, si bien Naciones Unidas considera que los dos países no están en una etapa prebélica, la tensión, la expulsión de colombianos y los ataques verbales al gobierno reclaman al menos una veeduría más cercana de la ONU entre los dos países, según afirmaron.