El hacinamiento en las cárceles colombianas se duplicó en los últimos dos años y medio, al pasar del 15% en enero de 2007 al 37% en agosto pasado, denunció el Contralor General, Julio César Turbay.

La situación de las prisiones en Colombia “ha sido y sigue siendo muy preocupante”, advirtió Turbay, quien sostuvo en un foro que el Estado “continúa incumpliendo con su obligación de proteger la vida, integridad física, dignidad y seguridad jurídica de los reclusos”.

Las 140 instalaciones que dependen en todo el país del estatal Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) agrupan a 76.000 internos, pero su capacidad global es para apenas 55.000, según fuentes de la Contraloría consultadas por Efe.
En las grandes cárceles de ciudades como Bogotá, Medellín (noroeste) y Cali (suroeste) el hacinamiento es mucho más extremo, debido a que donde debería vivir un interno lo hacen dos y muchos se ven obligados a dormir en el suelo, explicaron las mismas fuentes.

El informe de la Contraloría presentado por Turbay destaca que en septiembre de este año todavía no había sido entregado ninguno de los 11 nuevos recintos carcelarios con capacidad para más de 22.000 internos proyectados durante la última década.

Por ello, persiste el desfase entre la población reclusa, que creció un 25% desde enero de 2007, y la capacidad carcelaria, que solo aumentó un 5%, detalla el estudio.

El documento cita otros graves problemas del sistema penitenciario colombiano, como el hecho de que el 33% de los reclusos están sindicados, pero no condenados, y deben esperar en prisión a que se defina su situación jurídica.

También denuncia la Contraloría que el diseño de las celdas en los establecimientos proyectados “incumple las normas mínimas de habitabilidad” para los reclusos aprobadas por Naciones Unidas y que se persiste en construir celdas de aislamiento, “sin tener en cuenta las recomendaciones para que se revisen o restrinjan tales medidas”.

La mala alimentación y las deficiencias tanto en la atención sanitaria como en el suministro de agua son otros de los puntos débiles de los centros carcelarios de Colombia.