Como un hecho horrendo catalogó la Procuraduría General de la Nación el secuestro y posterior muerte del Gobernador del Caquetá, Luis Francisco Cuellar, el agente de la Policía, Javier García Gutiérrez, y las graves lesiones causadas a otros dos miembros de la seguridad del mandatario. “Estos hechos constituyen una grave violación al Derecho Internacional Humanitario”.

De acuerdo con el doctor Gabriel Jaimes, procurador delegado para asuntos penales del Ministerio Público, la cruenta acción cometida por las Farc es un crimen de guerra, tal y como lo consagra el estatuto penal en el título II de los delitos contra personas y bienes protegidas por el Derecho Internacional Humanitario.

“El doctor Cuellar, víctima de este crimen, era una persona protegida por DIH, respecto del cual era predicable el principio de inmunidad, relativo al deber de las partes en conflicto de salvaguardar su integridad y respetar sus derechos”, declaró Jaimes.

Por lo cual precisó que desde el 1 de noviembre de 2009 la competencia para investigar y sancionar crímenes de guerra no es privativa de la jurisdicción nacional, de manera que la Corte Penal Internacional, en virtud del principio de complementariedad, puede conocer de estos hechos, cuando el Estado colombiano no los judicialice.

Finalmente, la Procuraduría General de la Nación ha delegado un procurador judicial en Florencia, Caquetá, para que intervenga activamente en el proceso penal que adelanta la Fiscalía.