Un hermano del ex cabecilla de las AUC ‘Jorge 40’ fue asesinado por sicarios como parte de un supuesto plan para silenciar a los antiguos comandantes de esos escuadrones con ataques a sus familias, según informaciones de las autoridades.
El crimen de Sergio Tovar Pupo, de 39 años, hermano de Rodrigo Tovar Pupo, alias «Jorge 40», actualmente confinado en una cárcel de Estados Unidos después de que Colombia lo extraditó, se registró en Valledupar, la capital del departamento del Cesar.
Un oficial de la Policía Nacional reveló que el asesinato fue cometido por dos hombres que se desplazaban en una motocicleta.
«Uno descendió y le disparó en la cabeza mientras la víctima esperaba la reparación de un vehículo en un taller», precisó la fuente.
«Jorge 40» fue uno de los más influyentes jefes que tuvieron los escuadrones paramilitares de ultraderecha en el norte de Colombia.
La muerte de Sergio Tovar, quien se dedicaba a actividades de ganadería, parece confirmar la existencia de un plan criminal contra las familias de los antiguos líderes paramilitares como parte de un intento para silenciarlos y evitar que desde Estados Unidos revelen los nombres de quienes los apoyaron en su lucha contra la guerrilla izquierdista.
La senadora del Partido Liberal Piedad Córdoba, quien recientemente se reunió con algunos de los antiguos comandantes paramilitares en prisiones estadounidenses, denunció la existencia de ese plan tras los testimonios de los detenidos.
La Fiscalía General de Colombia investiga a militares, empresarios, políticos y ganaderos por los supuestos nexos que tuvieron con los paramilitares.
Los ex jefes paramilitares han anunciado la intención de confesar sus crímenes, revelar los nombres de quienes los apoyaron e incluso organigramas y rutas del narcotráfico.
El Gobierno del presidente Alvaro Uribe y los escuadrones de ultraderecha, acusados de masacrar a miles de civiles en medio de su guerra contra la guerrilla, iniciaron en el 2003 una cuestionada negociación de paz que permitió que más de 31.000 combatientes entregaran las armas.
Los jefes paramilitares fueron confinados en una cárcel y el Gobierno, con base en una ley aprobada por el Congreso, les ofreció entre 5 y 8 años de prisión con el compromiso de que no volvieran a delinquir, confesaran sus crímenes y participaran en un proceso de reparación a las víctimas.
Pero en mayo del 2008 el Gobierno extraditó a Estados Unidos a Tovar Pupo y a otros 13 antiguos comandantes de los paramilitares, escuadrones que surgieron en la década de la década de 1980 con el apoyo de ganaderos, terratenientes y comerciantes para defenderse de los ataques de la guerrilla.
El Gobierno argumentó que los ex jefes de los escuadrones de ultraderecha continuaban delinquiendo desde prisión, principalmente con actividades de narcotráfico.
