La Corte Suprema de Honduras debe resolver si acoge una denuncia de la Fiscalía contra la cúpula militar por “abuso de autoridad” por arrestar y expulsar del país al presidente Manuel Zelaya a raíz del golpe de Estado de junio de 2009.

La Fiscalía hondureña presentó un requerimiento contra los militares que se vieron involucrados en la violenta expulsión de Zelaya hacia Costa Rica, adonde el depuesto presidente, que fue sacado de la cama en pijama, fue expulsado.

Entre los denunciados están los generales Romeo Vásquez, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas; Venancio Cervantes, comandante de la Fuerza Aérea, y Luis Javier Prince, comandante de la Fuerza Naval.

La Fiscalía los interrogó en julio y, con base en los testimonios, el fiscal general Luis Rubí elevó el caso a la Corte Suprema.
“La Fiscalía ya los interrogó y con base en los testimonios consideró que sí hubo delito”, dijo a la AFP el asesor de la Fiscalía, René Pineda.

Pineda explicó que la Corte tiene tres días para valorar las pruebas, pero está obligada a citar a los militares acusados de cometer los delitos de abuso de autoridad y expatriación en contra de Zelaya, refugiado en la embajada de Brasil en Honduras desde el 21 de septiembre, tras entrar subrepticiamente en el país.

“La Corte tiene entre tres y seis días para valorar las pruebas, pero de todas formas citará a los indiciados”, afirmó el letrado.

Indicó que si la Corte considera que hubo delito puede emitir orden de detención o dictar medidas cautelares como prisión domiciliar, impedimento de salida o la presencia en algunos lugares.

“Creo que esta situación a quien más beneficia es a los militares mismos, porque se va a despejar una nebulosa de si cometieron o no delito”, opinó.

Dijo que la Fiscalía busca definir la situación de forma legal y que no sea una decisión política, como es la amnistía.

Además eliminará la posibilidad de que sean juzgados por un tribunal internacional.

Zelaya tildó las acusaciones como “superficiales” y advirtió que se trata de un “truco” para que los jefes militares implicados en el golpe queden impunes, al acusarlos de “delitos menores” ya que el “abuso de autoridad” no acarrea grandes sanciones.

“Es un hecho público notorio y de conocimiento internacional que el día 28 de junio los militares asaltaron mi casa a balazos me secuestraron y me desterraron hacia Costa Rica”, dijo Zelaya.

“En Honduras no hay justicia. No hay jueces independientes y lo que quieren es lavar el rostro a este crimen y (en la Fiscalía) quieren presentarse como redentores”, acusó Zelaya este jueves en el canal 36 de televisión.

El vocero de las Fuerzas Armadas, coronel Ramiro Archaga, declaró este jueves que “toda la junta de comandantes responderá ante la autoridad como cualquier ciudadano, si los jueces los llaman, se presentarán para responder”.

Aseguró que todos los involucrados en el golpe actuaron con base en la ley “y si se cree que hay fallas, entonces está la instancia legal y nos vamos a defender”.

La decisión de la Fiscalía coincidió con la visita del número dos de la diplomacia de Estados Unidos para América Latina, Craig Kelly, a Tegucigalpa para tratar de buscar una salida a la crisis política.

Tras el golpe, un régimen de facto comandado por Roberto Micheletti, a quien la comunidad internacional desconoce, asumió el poder, provocando el aislamiento internacional de Honduras.

El presidente electo Porfirio Lobo, quien apoyó el golpe y ganó los comicios de noviembre, ha propuesto al Congreso que apruebe una amnistía por delitos políticos contra todos los involucrados en la expulsión de Zelaya.

El Congreso hondureño anunció que posiblemente la próxima semana el plenario discuta el proyecto que podría ser aprobado en la primera quincena de enero, días antes de que Lobo asuma el poder el 27 de enero.

(Con información de AFP)