El martes 12 de enero el Procurador General, Alejandro Ordóñez, emitirá su concepto sobre el tránsito de la ley que aprobó la realización de un referendo para consultar el apoyo de los colombianos a una segunda reelección presidencial.

Ordóñez, entonces, utilizará menos de los 30 días hábiles previstos para estudiar la iniciativa aprobada en el Congreso de la República y radicada ante la Corte Constitucional, cuyos magistrados empiezan labores el mismo 12 de enero.

La emisión de dicho concepto le permitirá al magistrado Humberto Sierra Porto, ponente de la decisión en la Corte, iniciar el estudio de dicho documento para, una semana antes de terminar enero, someter su proyecto de sentencia a consideración de sus colegas.

Y es que el concepto del Procurador es uno de los elementos más importantes que debe considerar la Corte Constitucional en su estudio para determinar si dicha ley es exequible.

Los voceros uribistas habían solicitado que el Procurador emitiera con prontitud dicho concepto (incluso, lo esperaban en diciembre pasado), de manera que se apuren los tiempos de trabajo en la Corte Constitucional. Sin embargo, el Procurador advirtió, en 2009, que tomaría el tiempo necesario para elaborarlo.

A estas cuentas, poco optimistas para los partidarios de una segunda reelección, se suman las propuestas que van a llevar a la Sala Plena de la Corte algunos magistrados, quienes consideran que el tema debe ser debatido de manera pública. En tal sentido, la propuesta de audiencias en las que se abra el debate, tanto para detractores como seguidores, estará en el orden del día del tribunal.

Esta y otras propuestas similares serán precisamente las que puedan afectar el paso, de por sí lento, que lleva la propuesta.

Uno de los puntos que favorecerían el camino para un pronto fallo, es precisamente que Sierra Porto durante la vacancia judicial, que termina este lunes festivo, adelantó el estudio que le corresponde al punto de tener casi lista su ponencia.

Solo falta la lectura del concepto del jefe del Ministerio Público que, a favor o en contra, no obliga a la Corte.

Es decir, el alto tribunal podrá hacer caso omiso a la propuesta de Ordóñez Maldonado.