Ya son 31 los uniformados excarcelados

En lo que muchos han dado en calificar como un espectáculo interminable de impunidad, hoy la justicia colombiana puso en libertad a otros siete militares involucrados en ejecuciones extrajudiciales.

El procurador general de la nación, Alejandro Ordóñez, calificó estas liberaciones de “escándalo internacional”, mientras los familiares de las víctimas de los ejecutados extrajudicialmente anunciaron que llevaran el caso ante la Corte Penal Internacional (CPI).

“Es un escándalo para nuestras instituciones, para la credibilidad internacional y ello implica una debilidad en nuestras instituciones y para la administración de justicia”, declaró Ordóñez a una radioemisora local.

Asimismo, señaló que deben tomarse decisiones para devolverle la credibilidad a la Judicatura y reflexionar en aspecto lacerantes para la justicia.

Este miércoles un juez de Soacha, Cundinamarca, decidió liberar a un teniente coronel, un cabo y cinco soldados profesionales tras alegar vencimiento en los términos legales del proceso.

Igual argumento fue esgrimido antes para excarcelar a otros 24 militares, seis de ellos la víspera, 17 a principios de mes y otro en diciembre pasado.

Según los jueces emisores de esos fallos, estos se fundan en que pasaron los 90 días previstos por la ley para que la Fiscalía presentara el pliego acusatorio en vista oral.

La directora de la organización de derechos humanos Proyecto Justicia y Vida, Lilia Solano, anunció que ante tal situación de creciente impunidad llevarán el caso ante la CPI.

Es absolutamente aberrante lo que está pasando, dijo tras solicitar el apoyo de la comunidad internacional.

El escándalo de lo aquí se conoce eufemísticamente como “falsos positivos” (ejecuciones extrajudiciales) estalló en octubre de 2008 por denuncias en la prensa, y si bien fueron destituidos varios generales y oficiales del ejercito, las investigaciones permanecen estancadas hasta la fecha.

Los militares puestos en libertad son sindicados de la desaparición y posterior asesinato en 2008 de varios jóvenes presentados por los uniformados como guerrilleros muertos en combate.

El pasado año, durante una visita al país, el relator especial de Naciones Unidas Philip Alston afirmó que las ejecuciones extrajudiciales constituyen casi una práctica sistemática en Colombia.

Alston señaló que la política de incentivos del gobierno a los militares que entreguen cuerpos y armamento de integrantes de los grupos armados ilegales es el principal favorecedor de los asesinatos de civiles hechos pasar como guerrilleros.