El Estado colombiano reconoció hoy su “responsabilidad internacional” por el asesinato del senador Manuel Cepeda Vargas, ocurrido en agosto de 1994, caso que mañana comienza a ver la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).

“Dicho reconocimiento es concordante con la decisión de la justicia penal colombiana, la cual condenó a dos agentes estatales como autores materiales del homicidio del senador. El Estado, asimismo, ha condenado y rechazado este execrable crimen”, aseguró hoy la Cancillería en un comunicado.

Mañana y el miércoles se celebrará una audiencia pública en la Corte de San José, donde se escucharán los alegatos de las partes sobre el “caso Cepeda Vargas” contra el Estado colombiano, referido a la supuesta ejecución extrajudicial del senador.

Cepeda Vargas pertenecía a la Dirección Nacional del Partido Comunista Colombiano y era una prominente figura de Unión Patriótica, un partido de izquierdas creado en los años ochenta del siglo pasado.
Pero, tras su legalización, fueron asesinados por grupos ultraderechistas más de mil de sus dirigentes y partidarios en lo que se denominó el “genocidio de la UP”.

Según la demanda, presentada a la Corte Interamericana en noviembre de 2008, tras el asesinato de Cepeda, el 9 de agosto de 1994 en Bogotá, el Estado no actuó con diligencia en la investigación y sanción de los responsables.

La acusación considera que hubo una “obstrucción de la justicia y la falta de reparación adecuada a favor de los familiares de la víctima” y cree que aquel homicidio no fue aislado, sino parte de un patrón de ejecuciones sistemáticas.

“En este escenario, Colombia reiterará su compromiso con la garantía y la protección con los derechos humanos, y su plena voluntad de continuar adelantando los esfuerzos que sean necesarios para identificar, juzgar y sancionar a todos los responsables en la muerte del senador Cepeda”, según el Ministerio de Relaciones Exteriores.

La Cancillería agregó que “el Estado enfáticamente desvirtuará los argumentos que se presenten sobre una presunta política de Estado de persecución en contra de líderes de la Unión Patriótica en la época de los hechos”.

Asimismo, argumentará que en Colombia se han logrado avances en las investigaciones de crímenes “gracias a los esfuerzos del conjunto de las instituciones del Estado, dentro de los cuales se resalta la aplicación de la Ley de Justicia y Paz”.

Por esta ley, “entre 2003 y 2006, 34 bloques de paramilitares fueron desmovilizados colectivamente”, y que a ellos pertenecían “31.668 hombres y mujeres”, según el comunicado.

El Ministerio de Relaciones Exteriores añadió que, “a la fecha, alrededor de 20.000 personas más se han desmovilizado individualmente, pertenecientes a grupos armados ilegales” y “los fiscales de la Unidad de Justicia y Paz han formulado imputación a 165 postulados ante los magistrados de Control de Garantías”.

Así, durante las audiencias ante la CorteIDH, “el Estado colombiano expondrá sus consideraciones” y “reiterará su condena y rechazo a la comisión de tan horrendo crimen”.

El senador asesinado era padre del escritor y periodista Iván Cepeda, uno de los más prominentes activistas del país y presidente de la Asociación de Víctimas de Crímenes de Estado.

Iván Cepeda es además miembro de Colombianos y Colombianas por la Paz, una organización liderada por la senadora Piedad Córdoba y mediadora con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para la liberación de secuestrados.