Los familiares de víctimas de la violencia antisindical en Colombia, que ya reporta más de 10.300 hechos trágicos desde 1986, exigieron al Estado que adopte una política que permita romper la casi total impunidad que rodea estos casos.

La impunidad en las violaciones contra sindicalistas se mantiene en “más del 98 por ciento”, denunció este colectivo en la declaración final de una conferencia de dos días realizada en Medellín (noroeste).

Unos ochenta familiares de víctimas y otros tantos sindicalistas, activistas y representantes de organizaciones no gubernamentales (ONG) y de algunas agencias de la ONU asistieron al llamado II Encuentro Nacional de Víctimas de la Violencia Antisindical.

La cita es continuidad de una celebrada en 2007 en Barranquilla (norte), y fue convocada por la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT), la Escuela Nacional Sindical (ENS), el Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep) y la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CCAJAR), entre otras ONG.

En el documento final, el colectivo exigió al Estado colombiano que construya junto al movimiento sindical “políticas, estrategias e instrumentos para la superación total de la impunidad”.

Para ello se debe establecer “una nueva política de investigación de los crímenes cometidos contra sindicalistas, fortaleciendo la capacidad de la Fiscalía, protegiendo a las víctimas y sus familiares”, según el texto.

El documento recogió registros de la CUT y la ENS que muestran que desde la creación de esta central, hace 23 años, la violencia antisindical “deja por lo menos (…) 2.721 sindicalistas asesinados, más de 520 durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez (en el poder desde agosto de 2002), 196 desaparecidos forzadamente, y más de 10.300 hechos de violencia”.

El año pasado, los asesinatos sumaron 40, informó la CUT en coincidencia con esta reunión, prevista para avanzar en la organización de este colectivo y trazar una agenda de trabajo.

Son hechos que “constituyen un genocidio contra el movimiento sindical”, sostuvo el colectivo de familiares de víctimas, y observó que esta realidad se suma a “las restricciones legales e institucionales y las políticas laborales y sociales contrarias a un trabajo decente”, todo lo cual configura una política de exclusión del movimiento de trabajadores.

En el mismo documento, los asistentes a la cita consideraron que “la impunidad ha sido una constante histórica en Colombia que constituye un obstáculo de primer orden para instaurar la democracia, pues ha permitido que se mantenga el ciclo de violencia”.

En este sentido, denunciaron que las libertades sindicales siguen limitadas por la persistencia de la violencia y la falta de condiciones para el reconocimiento de los derechos de las víctimas.

En ambos casos, continuaron, se trata de efectos del fracaso del proceso de reinserción de los paramilitares, la no aprobación de una ley de víctimas en el Congreso y la reorganización de los grupos ultraderechistas.

Ante ello, también le exigieron al Estado que dé preferencia al “desmonte de los factores que promueven y facilitan la ocurrencia de hechos de violencia contra el sindicalismo, de manera que el ejercicio de las libertades sindicales pueda realizarse en un ambiente libre de violencia y obstáculos legales e institucionales”.