Representantes de la Defensoría del Pueblo, la Iglesia Católica y organismos de derechos humanos, concordaron que el desplazamiento forzado ha aumentado en Colombia en los últimos meses debido a la resistencia cada vez mayor de las personas a unirse a los grupos ilegales.

Soacha, es el municipio que más desplazados acoge: unas 31.850 personas registradas formalmente en esa situación al cierre de 2009.

Y allí se palpa con fuerza el nuevo perfil del desplazado: una persona que huyó de su lugar de origen para evitar que la guerrilla o las bandas surgidas tras la desmovilización de los paramilitares los obliguen a engrosar sus filas.

“Entre octubre de 2009 y enero de este año han llegado más familias buscando refugio. Hay un aumento en el desplazamiento, que tiene su origen en el rechazo al reclutamiento de los grupos ilegales”, explicó el padre Ricardo Martínez, quien tiene un hogar de acogida en Soacha.

Según la oficina en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), aunque los desplazamientos masivos han disminuido, se observa cada vez con mayor frecuencia lo que llaman el “desplazamiento gota a gota”.

El padre Martínez señaló que en el pasado “el reclutamiento en la guerrilla o con los paramilitares se daba por la posibilidad de conseguir un beneficio económico o se veía como una alternativa de vida”.

“En cambio, ahora hay más prevención y conciencia, porque las madres saben que permitir el reclutamiento es entregar a sus hijos a la muerte”, añadió.

Entre tanto, la Defensoría del Pueblo indicó que en la actualidad reciben en Soacha entre tres y cuatro casos diarios de familias desplazadas, pero alertan que la oficina de Acción Social, a cargo de calificar su condición, ha incrementado el rechazo de sus declaraciones.

Así, de unas 500 peticiones realizadas por grupos familiares en 2009 en Soacha, sólo 200 fueron aceptadas como desplazados internos.

Cuando una persona es reconocida como desplazada por el conflicto interno tiene derecho a recibir ayuda humanitaria de emergencia hasta que logre restablecerse. Esa asistencia incluye alimentación y pago de arriendo.

Luz y Luis, una joven pareja con tres hijos de 3, 4 y 5 años de edad, son los más recientes refugiados que han llegado al albergue que mantiene la Pastoral Social en el municipio de Soacha.

Salieron el 22 de enero pasado del departamento (provincia) del Cesar, en el noreste, luego de que Luis recibió un plazo de 15 días para cancelar un “impuesto” de la guerrilla, en cuyo pago se había retrasado, según relataron ellos mismos a la AFP.

Su padre fue asesinado el año pasado por no cancelar esa deuda, y Luis asegura que fue torturado durante cinco días como advertencia.

Caminaron durante dos días, luego un hombre los llevó con una mula hasta Soacha y están a la espera de una respuesta del gobierno sobre su condición de desplazados.

Edna Ruth Suárez, abogada que presta asistencia jurídica a estas personas, señaló que los desplazados suelen llegar a Soacha “porque está muy cerca de Bogotá”, lo que hace pensar que habrá oportunidades de pasar inadvertidos y a la vez de conseguir trabajo.

Además, “como es el principal municipio receptor, se cree que hay mayor eficacia en la atención, lo cual no es cierto”, dijo Suárez.

De acuerdo con Acnur, hay casos de desplazados que dos o tres años más tarde esperan aún la primera ayuda de emergencia.

Ever Rengifo, antiguo refugiado y actualmente concejal del municipio de Silvania (cerca de Bogotá), asevera que “los desplazados siguen siendo vistos como los malos” y lamenta que “la gente no comprende que hemos sido desplazados porque no quisimos entrar en la violencia”.

“En vez de una política de mendicidad hacia las personas desplazadas, el Estado debería desarrollar una política de restitución”, resaltó.

(Con información de AP)