Cerca del 14 por ciento de los 1.119 municipios colombianos están expuestos al fraude, la manipulación y las irregularidades en las elecciones legislativas del 14 de marzo, denunció hoy la Misión de Observación Electoral (MOE).

Son 159 municipios ubicados en nueve de los 32 departamentos los que presentan “riesgos por anomalías o irregularidades”, según el documento “Mapas de riesgo por anomalías e irregularidades electorales 2010” presentado por esta ONG.

La directora nacional de la MOE, Alejandra Barrios, dijo que este documento supone una “alerta temprana” para las autoridades.

Los comicios colombianos afrontan interferencias de la corrupción, poderes mafiosos y grupos armados ilegales, que retan a los órganos de vigilancia, a la prensa, a grupos políticos y a la sociedad en general.

“Estas alertas tempranas deben servir a las autoridades para su labor en el diseño y adopción de medidas oportunas y eficaces tendentes a garantizar los comicios”, dijo Barrios, cuya ONG elaboró el estudio junto a expertos de las universidades de los Andes, El Rosario y la Pontificia Javeriana.

Según los expertos, 159 municipios, especialmente en la región caribeña y este del país, “aparecen señalados sistemáticamente en riesgo de fraude, manipulación o irregularidad” y “presentan algún nivel de inseguridad electoral”.

Para la ONG, “el gran vacío que sigue latente en materia de riesgo electoral es el control efectivo a la financiación de campañas”.

La MOE destacó el “contexto de polarización e incertidumbre” en el que se desarrollarán los comicios legislativos del 14 de marzo, al recordar que 91 de los congresistas elegidos en 2006 han sido investigados por presuntos nexos con grupos paramilitares o guerrilleros, de los que doce han recibido penas de prisión.

Un total de 2.481 políticos de 16 partidos están inscritos para participar en los comicios, en los que tienen derecho al voto 29,5 millones de colombianos para elegir a 102 senadores, 166 representantes a la cámara y 5 miembros del Parlamento Andino.

En este contexto, el registrador nacional, Carlos Ariel Sánchez, dijo que hay 64 casos de “posibles inconsistencias” en las listas de candidatos.

Algunas corresponden a casos de suspensión de derechos y funciones públicas por sentencia judicial; otras a doble militancia o doble inscripción, mientras que la mayoría, 47, no cumplen el requisito de edad mínima para aspirar a la Cámara (25 años) y al Senado y Parlamento Andino (30 años).

Además, hay 15 partidos que utilizan en sus logotipos elementos prohibidos, como los colores de la bandera colombiana (amarillo, azul y rojo), fotografías con rostros, símbolos patrios e iconos de otro partido.

Sánchez explicó que es el Consejo Nacional Electoral el que debe tomar medidas para evitar el fraude y garantizar la transparencia.

Con este fin, las autoridades electorales han pedido al presidente Álvaro Uribe que desembolse 22.000 millones de pesos (unos 11 millones de dólares) para crear un sistema “de control biométrico” que reconozca las huellas dactilares e impida la suplantación de identidad en las votaciones.