Amnistía Internacional denunció en las últimas horas un aumento de los ataques contra los grupos indígenas colombianos en 2009 y llamó al gobierno a asumir con «seriedad» su obligación de defender a esas poblaciones.

«Los indígenas sufren cada vez más ataques en Colombia», dijo Marcelo Pollack, investigador sobre Colombia en Amnistía Internacional. «Se les está matando y amenazando, se les está obligando a participar en el conflicto armado y se les está echando de sus tierras», agregó.

Amnistía citó datos de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), de que en 2009 murieron al menos 114 indígenas. Según la ONIC, en 2008 las víctimas fatales fueron 106.

El Programa Presidencial de Derechos Humanos reportó un aumento en el número de muertos indígenas de 49% de 2008 a 2009, cuando pasaron de 71 a 106 muertos.

Sobre las razones para ese repunte de la violencia «podemos especular mucho, pero parece que hay un cambio en la dinámica del conflicto (interno colombiano) pasando de zonas urbanas a rurales» donde habitan la mayoría de las comunidades indígenas, añadió Pollack en entrevista telefónica desde la sede de AI en Londres, donde el informe de 12 páginas fue presentado en la jornada.

El gobierno del presidente Alvaro Uribe replicó en un extenso comunicado de 24 puntos, afirmando que el informe de AI «reconoce algunos avances» de las autoridades al tratar diversos problemas indígenas.

El reporte, sin embargo, es «muy tímido» al tratar asuntos como que grupos étnicos «han sido despojados y asesinados por las FARC y las bandas criminales», agregó el pronunciamiento oficial divulgado en un correo electrónico.

Etnias como los Awá, radicados principalmente en el departamento de Nariño, en el suroeste del país, fueron especialmente golpeados el año pasado con al menos dos masacres, recordó Amnistía al asegurar que más de la mitad de los muertos de 2009 pertenecían a ese grupo indígena.

En febrero de 2009, las guerrillas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) asumieron la responsabilidad en un comunicado por la masacre de al menos ocho Awá a los que acusaron de ser informantes del ejército, que lo negó. Amnistía aseguró en su informe, tanto como ha dicho la ONIC, que las víctimas fueron al menos 15, entre ellas al menos dos mujeres embarazadas.

Más tarde en agosto, hombres con uniformes militares, sin insignias y encapuchados mataron a tiros a 12 Awá, entre ellos cinco menores de edad, en una reserva indígena en el municipio de Tumaco, en el departamento de Nariño y a unos 600 kilómetros al suroeste de Bogotá.

En una zona de la despoblada frontera con Ecuador, sobre la costa del Pacífico, corredor de salida de embarques de drogas y cultivos de coca -materia prima de la cocaína-, la zona de Nariño es una región «estratégica para las partes en conflicto en la que actúan la guerrilla de las FARC y el ELN (Ejército de Liberación Nacional), grupos paramilitares y bandas de narcotraficantes, además de las fuerzas de seguridad colombianas», dijo AI.

«A menos que las autoridades actúen con rapidez para proteger a los pueblos indígenas en Colombia, existe un riesgo real de que muchos desaparezcan», aseguró AI en su reporte.

«Ya es hora de que el gobierno colombiano asuma seriamente sus obligaciones y actúe de inmediato para proteger a los pueblos indígenas», destacó.

De acuerdo con la ONIC, en el país hay 102 distintos pueblos indígenas que corresponden aproximadamente a 1,3 millones de personas o 3,4% de la población total colombiana. Las comunidades indígenas tienen presencia en 29 de los 32 departamentos colombianos, según la ONIC.