Sigifredo López, un ex secuestrado de las Farc y actual candidato al Senado tiene lista una demanda contra el Estado colombiano por más de dos millones de dólares al considerar que hubo omisión en el deber de velar por su seguridad al momento del plagio.

López, quien estuvo en poder de la guerrilla desde abril del 2002 hasta febrero del año pasado cuando fue liberado unilateralmente, dijo que busca una indemnización del Estado por perjuicios y daños morales sufridos a raíz de su cautiverio.

“Falló (el Estado), fue omiso en ofrecer seguridad…exponiéndome a mí y a mis compañeros a lo indecible”, explicó López.

El ex rehén de 46 años, ex diputado de la asamblea legislativa del departamento de Valle del Cauca, al suroeste del país, fue secuestrado junto a otros 11 de sus colegas y sacados por un comando rebelde pretendiendo ser agentes de la fuerza pública.

Posteriormente, el ex diputado fue el único en sobrevivir a un confuso incidente armado en el que los otros diputados murieron baleados en junio del 2007. El gobierno colombiano siempre atribuyó las muertes a los rebeldes, mientras en ese momento, las Farc dijeron que López se encontraba en otro campamento distinto al de sus colegas y que por eso sobrevivió.

El documento de la demanda contra el Estado ya está listo y sólo hay que cumplir un requisito legal: asistir a una audiencia de conciliación cuya fecha aún no ha sido fijada, para que entre a un tribunal del Valle del Cauca, aseguró telefónicamente la doctora Luz Marina Valencia, abogada de López.

La abogada descartó que la conciliación prospere porque ya en enero pasado hubo una reunión en Bogotá entre López y abogados del Ministerio de la Defensa en la que las autoridades ofrecieron una indemnización de unos 40 millones de pesos (unos 21.000 dólares).

“Imagínese 40 millones por siete años de sufrimiento”, dijo López admitiendo que el pleito puede demorarse al menos dos años en los juzgados debido al intrincado sistema judicial del país.

El ex secuestrado, quien es candidato al Senado vía los comicios legislativos del 14 de marzo, agregó que meses antes del plagio del grupo de legisladores habían manifestado en cartas la inseguridad que reinaba en la zona.

Los guerrilleros a plena luz del día “nos sacaron del propio lugar de trabajo en el edificio de la asamblea del Valle, en plena sesión donde estamos trabajando, sin que el Estado fuera capaz de impedirlo y durante siete años no fue capaz de rescatarnos con vida, no hizo absolutamente nada por nuestras vidas ni por nuestra libertad, mis compañeros fueron asesinados vilmente por las FARC”, dijo.