La CIDH escuchará el próximo 19 de marzo los argumentos de los gobiernos ecuatoriano y colombiano sobre la muerte de un ciudadano del país vecino, identificado como Franklin Aisalla, en el bombardeo de Angostura, donde tropas colombianas irrumpieron en territorio del Ecuador para dar de baja al líder de las Farc, alias ‘Raúl Reyes’ hace dos años.

El caso será escuchado en audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 15 al 26 de marzo en su sede en Washington, y será pública, informó hoy el organismo regional.

El secretario ejecutivo del alto tribunal, Santiago Canton, calificó la demanda de Ecuador como “importante”.

La denuncia fue declarada inadmisible por la CIDH en 2007, cuando Ecuador presentó la imputació ante el ente interamericano, un organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA) , en junio de 2009 alegando que Colombia había violado varios artículos de la Convención Americana de Derechos Humanos cuando bombardeó un campamento de las Farc ubicado en territorio ecuatoriano.

En concreto, se refirió a los artículos que protegen el derecho a la vida, a la integridad personal, a las garantías judiciales y a una protección judicial.

En esa operación, que tuvo lugar el 1 de marzo de 2008, murieron unas 26 personas, entre ellas el portavoz internacional del grupo guerrillero, Luis Édgar Devia, alias ‘Raúl Reyes’, el ecuatoriano Franklin Aisalla y cuatro estudiantes mexicanos.

Ecuador consideró la operación militar colombiana como una violación a su soberanía, y rompió relaciones diplomáticas con el vecino país el 3 de marzo de 2008.

El 13 de noviembre pasado, Ecuador y Colombia anunciaron el nombramiento de sus respectivos encargados de negocios en Quito y Bogotá.

Ecuador afirma en su denuncia que Aisalla murió como consecuencia de “una ejecución sumaria en territorio ecuatoriano por parte de un Estado extranjero” , mientras que Bogotá alega que falleció por la “onda explosiva producto del bombardeo al campamento del terrorista de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Raúl Reyes, donde se encontraba en el momento de los hechos”.

Bogotá sostiene que Aisalla “formaba parte de un grupo criminal al servicio de las FARC” , según afirmó el 13 de junio en respuesta a la denuncia de Quito, que insiste que el hecho de que éste hubiera o no pertenecido a la guerrilla no influye en la demanda.

El procurador general del Estado ecuatoriano, Diego García, explicó cuando presentó la denuncia ante la CIDH que está “demostrado, a través de los peritajes, el hecho de que (Aisalla) murió como consecuencia de golpes repetidos en la parte posterior de la cabeza, que no son producto, necesariamente, de la onda expansiva de la explosión, sino de golpes que habrían sido dados posteriormente a la explosión en el mismo lugar”.

La CIDH se limitará a evaluar exclusivamente aquellos aspectos que se refieren a las violaciones de los derechos humanos planteadas en la denuncia de Ecuador, aseguró Canton.

Se trata de una audiencia para determinar si el caso es admisible. Si así ocurriera, sería la primera vez en la historia de la CIDH que se admite una demanda interestatal, dado que la anterior de Nicaragua contra Costa Rica fue rechazada.

En el caso de Ecuador y Colombia, la CIDH podría elaborar un informe de fondo y en última instancia, enviar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) , pero solamente si Colombia no cumpliera con las recomendaciones de la Comisión.

El titular de la CIDH explicó que a las denuncias interestatales se les da un trámite “prioritario” , aunque dijo que era difícil adelantar en qué momento pudiera haber una decisión al respecto.

En la anterior denuncia interestatal, pasaron 15 meses desde la denuncia hasta la declaración de inadmisibilidadad, dijo.

(Con información de EFE)