La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos Navy Pillay destacó la preocupación del organismo por la «expansión y creciente actividad» en diferentes zonas de Colombia de las bandas criminales surgidas de la desmovilización de grupos paramilitares.

«Los líderes sociales, indígenas, afrocolombianos y funcionarios locales vinculados con procesos de restitución de tierras o manejo de recursos públicos», son las principales víctimas de las bandas emergentes, señaló la comisionada en un informe divulgado en la jornada.

Explicó que los ilegales también han dirigido sus ataques a quienes poseen propiedades de su interés o sospechan que son colaboradores de grupos contrarios o hacen parte de grupos rivales con los que se disputan territorios, así como desmovilizados que se niegan a integrarse al grupo o por ajustes de cuentas.

Muestra inquietud por el despliegue de estos grupos en zonas urbanas y rurales, donde participan en actividades de narcotráfico, extorsión desalojo de tierras, prostitución y trata de blancas, así como la alianza o acuerdos especialmente en tráfico de drogas con las guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Agregó que se ha constatado un aumento de las intimidaciones y amenazas de muerte a los activistas de derechos humanos.

Pillay señaló que hubo una reducción de los casos de ejecuciones extrajudiciales atribuidas a miembros de las fuerzas armadas, especialmente por la implementación por parte del gobierno de un manual de operaciones con ordenes precisas en el respeto y la promoción de los derechos humanos.

Resaltó que las ejecuciones extrajudiciales en 2009, según la Unidad Nacional de Derechos Humanos y DIH de la Fiscalía, registró siete casos, frente a los 144 de 2008 y 464 de 2007.

El gobierno colombiano al responder el informe afirmó que «mantendrá con firmeza su política de total apertura y transparencia» y su disposición de continuar cooperando con la comunidad internacional bajo preceptos de respeto y principios éticos adquiridos en los instrumentos internacionales.

Aseveró que el informe de la ONU «hace una justa valoración de los esfuerzos de las diversas instituciones del Estado y de la sociedad para lograr la plena vigencia de los Derechos Humanos en Colombia».