La Fiscalía Nacional de Chile dijo el martes que abrió una investigación sobre la cuestionada actuación de la oficina de emergencias y la Armada, que no alertaron a tiempo sobre un devastador tsunami luego de un potente terremoto en el centro y sur del país.

Durante los minutos y horas posteriores al terremoto de magnitud 8,8 del 27 de febrero, la Oficina Nacional de Emergencias (Onemi) y la oficina de la Armada encargada de alertar maremotos no pudieron ponerse de acuerdo en la emisión de una alerta de tsunami.

“Inicié una investigación para determinar si hay delito o no hay delito. No hay ningún prejuicio. No hay antecedente preconcebido”, dijo a periodistas el fiscal nacional Sabas Chahuán, tras reunirse con el presidente Sebastián Piñera.

“El que sea responsable, que responda y el que no es responsable, que quede claro”, agregó.

Tras el incidente, la entonces directora de la Onemi renunció, mientras que el jefe del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico (SHOA) fue destituido.

La Onemi acusó al SHOA de darle información poco clara y de descartar el peligro de grandes oleadas en la zona costera como consecuencia del terremoto.

Un reportaje de la televisión estatal TVN mostró cómo un funcionario del SHOA informó a la ONEMI de variaciones menores en el nivel del mar que, aseguró, no constituían tsunamis en localidades que fueron devastadas por una serie de olas gigantes.

En total, el terremoto y los tsunamis dejaron unos 500 muertos identificados hasta el momento, además de cuantiosos daños materiales estimados en varios miles de millones de dólares.

Decenas de personas que fueron arrastradas por el mar continúan desaparecidas.