Colombia requiere un riguroso control legal y político sobre sus organismos de inteligencia para evitar interceptaciones ilegales de comunicaciones y seguimientos a magistrados, periodistas, defensores de derechos humanos y políticos de la oposición, dijo el miércoles la ONU.

El informe anual de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, reflejó preocupación por los altos índices de violencia y de violaciones que continúan registrándose en medio del conflicto interno de más de cuatro décadas en Colombia.

“Es imperioso establecer requisitos legales, políticos y administrativos, así como sólidos sistemas de control y supervisión, sobre los organismos de inteligencia”, dijo sobre Colombia el informe que fue presentado en Ginebra y en Bogotá.

El Gobierno de Colombia fue sacudido por un escándalo tras conocerse que desde el Departamento Administrativo de Seguridad, la Central de Inteligencia que depende directamente del presidente Alvaro Uribe, se realizaban interceptaciones telefónicas ilegales y seguimientos a magistrados, periodistas, defensores de derechos humanos y políticos de la oposición.

El escándalo provocó la destitución de varios funcionarios del organismo de seguridad y el anuncio de Uribe de liquidar el cuestionado organismo para crear uno más pequeño, depurado y eficiente.

“Algunos miembros de la Fuerza Pública continuaron utilizando las facultades de inteligencia del Estado para desarrollar operaciones ilegales y clandestinas en contra de sectores sociales y políticos críticos del Gobierno”, precisó el informe de la dependencia de la ONU.

El representante de la oficina de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, Christian Salazar, afirmó que los organismos de inteligencia que operan en el país no tienen ningún tipo de control.

“En Colombia los órganos de inteligencia básicamente casi no tienen ningún control, no hubo un control democrático que funcione”, afirmó.

VARIOS ORGANISMOS DE INTELIGENCIA

Además del DAS, en Colombia cumplen funciones de inteligencia la Policía, el Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y la Fiscalía General.

En el informe también fue expresada preocupación por el desprecio a los derechos humanos por parte de la guerrilla izquierdista y los grupos armados ilegales conformados por antiguos paramilitares de ultraderecha.

“El conflicto armado interno continúa planteando muchos retos para el país, incluyendo el total desprecio por el Derecho Internacional Humanitario por los grupos guerrilleros”, afirmó la ONU.

“Esta situación se ve exacerbada por la violencia contra la población ejercida por los grupos armados ilegales surgidos del proceso de desmovilización de las organizaciones paramilitares, los nexos de los actores armados con el narcotráfico y el impacto especialmente grave del conflicto armado interno en las comunidades indígenas y afrocolombianas”, precisó.

La ONU recordó ejecuciones extrajudiciales de civiles cometidas por algunos efectivos del Ejército que reclutaban a sus víctimas y luego las presentaban como integrantes de grupos armados ilegales muertos en combates.

El informe de la alta comisionada sostuvo que las ejecuciones no eran hechos aislados y ponen de manifiesto la necesidad de sostener sistemas de control y supervisión.

También mencionó otras violaciones a los derechos humanos como la tortura, la desaparición forzada, el desplazamiento y el abuso sexual e hizo un llamado al Gobierno colombiano y a los grupos armados ilegales a adoptar medidas para eliminar esas prácticas.