El contralor de Bogotá, Miguel Ángel Moralesrussi, confirmó la acción de medidas cautelares, es decir embargos, tanto a directivos del IDU como al contratista, relacionados con el tema de los anticipos que por más de 85 mil millones de pesos el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) otorgó a Transvial, del cual hacen parte varias empresas del denominado “Grupo Nule”, para el desarrollo de las obras de la III fase de Transmilenio por la calle 26.

El jefe del organismo de control señaló que esta medida se adoptó dentro del proceso de responsabilidad fiscal que inició la Contraloría de Bogotá, por irregularidades en los comportamientos administrativos y financieros dados por el contratista a los recursos públicos entregados por el IDU.

Igualmente, resaltó otras acciones que el Ente de Control ha adelantado entorno al tema, como la comunicación remitida al superintendente de Sociedades, Hernando Ruiz López, en la que se le solicita valorar de manera detallada, exhaustiva, integral y estricta la solicitud de varias empresas del denominado “Grupo Nule” a esa entidad, para tramitar su admisión al proceso de reorganización empresarial previsto por la Ley 1116 de 2006.

Aunque para la Contraloría de Bogotá es claro que tal solicitud es legítima, considera que están en juego intereses superiores de la ciudadanía y del Estado, pues se podría crear un escenario legal, en el cual el Estado se encontrara impedido para utilizar facultades en materia contractual, así como medidas cautelares y de cobro coactivo propias del control fiscal para garantizar el resarcimiento del daño público.

En este sentido, el contralor Moralesrussi señaló que estas empresas han suscrito contratos con diferentes entidades públicas de la ciudad, muchos de los cuales aún se encuentran vigentes y que como consecuencia de su deficiente ejecución, algunos de ellos han dado lugar al inicio de indagaciones preliminares y procesos de responsabilidad fiscal por presuntos detrimentos patrimoniales.

* Contratos de la fase III de Transmilenio, por presuntas irregularidades frente al adecuado manejo e inversión de anticipos, determinando un posible daño fiscal por más de 35 mil millones de pesos.

* Concesión de patios y grúas de servicio particular en Bogotá, al cual se le adelanta proceso de Investigación Fiscal Forense sobre presuntas irregularidades que pueden poner en riesgo el manejo del recaudo de los ingresos que se estiman obtener por la prestación de dichos servicios a favor del Distrito Capital, durante los ocho años de ejecución del contrato, equivalentes a una suma estimada de más de 33 mil millones de pesos.

* Procesos de Responsabilidad Fiscal por presuntos detrimentos a las arcas de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá por cuantías estimadas en más de 12 mil millones de pesos.

Para el Contralor de Bogotá “es evidente que estas empresas que se identifican públicamente como integrantes del ´Grupo Nule´…tienen el objetivo de blindar jurídica, contractual y financieramente sus operaciones frente a terceros…”. Por esta razón, y teniendo en cuenta los contratos vigentes de estas empresas con el Distrito y las controversias de tipo fiscal con la Contraloría de Bogotá, el jefe del órgano fiscalizador afirmó que estos hechos deben servir como criterio primordial para valorar la decisión en cuestión.

En lo concerniente a los anticipos para la obra de la calle 26, y debido a la “preocupación de que estos dineros otorgados a la fase III de Transmilenio no estaban destinados a dichas obras”, el contralor Moralesrussi señaló que seguirá adelantando las investigaciones pertinentes que incluyen a los funcionarios del IDU que intervinieron en las decisiones y control de dichos anticipos.