El gobierno español dio por válidas las explicaciones del presidente venezolano Hugo Chávez al negar cualquier vínculo con el grupo separatista vasco ETA, pero dijo que espera cooperación plena por parte de Venezuela para aclarar los supuestos entrenamientos de etarras en el país sudamericano.

El canciller venezolano Nicolás Maduro en declaraciones difundidas en Caracas negó cualquier vinculo del gobierno con ETA y acusó a sus críticos en España de desatar «una campaña de difamación» con el propósito de «destruir las buenas relaciones entre ambos países.

«No podrá esta derecha española obsesionada con el presidente Chávez destruir estos lazos que estamos dispuestos a acrecentar», dijo Maduro a la cadena televisiva Venevisión.

«Nosotros subrayamos que nuestro compromiso es cooperar en todo momento con el Gobierno español contra ésta o cualquier banda terrorista que ponga en peligro la paz o la vida de cualquier ciudadano», enfatizó.

«Tenemos una buena relación en todos los sentidos, no sólo en el campo judicial o policial, sino energético, político, cultural. Excelentes relaciones», agregó.

Chávez enmarcó el lunes las acusaciones en una recurrente campaña internacional para desprestigiar su gobierno y restó credibilidad a la confesión de dos miembros de ETA, que admitieron haber recibido un curso sobre manejo de armas en el 2008 en Venezuela, según figura en un auto del juez Ismael Moreno, de la Audiencia Nacional.

Poco después, el embajador de Venezuela en España, Isaías Rodríguez, rechazó el testimonio y dejó entrever que los etarras no declararon de forma «voluntaria», algo que algunos medios de comunicación españoles interpretaron como una insinuación de posibles torturas y coacciones sobre los detenidos.

La embajada calificó esta lectura como una mala interpretación y matizó que jamás había puesto en tela de juicio la actuación de los agentes y la justicia española. Rodríguez aseguró a la AP que lo único que quiso decir es que los miembros de ETA pudieron inventar el episodio del adiestramiento en Venezuela para colocar los hechos en otro país y «aminorar o eludir la pena».

«Nunca hemos dudado de la actuación policial y judicial», señaló Rodríguez en una entrevista con la AP. «En todos los casos, los magistrados españoles tienen muchísimo cuidado en el momento de aplicar e interpretar la ley».

El ministro español del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, aseguró que hay «elementos suficientes» en la investigación para pensar que los etarras sí se entrenaron en Venezuela, pero dudó que Chávez tuviera conocimiento o autorizase dichos cursos.

«No hay nada que pueda hacer sospechar (de la connivencia del gobierno venezolano)», dijo en el Senado Rubalcaba, quien solicitó una mayor colaboración a Caracas en la lucha contra ETA.

De momento, la vicepresidenta española María Teresa Fernández de la Vega descartó cualquier medida de presión diplomática, como citar al embajador venezolano en Madrid, y añadió que tras las revelaciones judiciales, se han puesto en marcha los mecanismos habituales de cooperación policial y judicial entre España y Venezuela para esclarecer los hechos.

«Vamos a cumplir cualquier petición de colaboración, cualquier actuación que nos pidan los jueces como siempre hemos hecho. No cabe actuación que esté al margen de la ley», señaló De la Vega en una entrevista en la emisora de radio COPE.

La reacción del gobierno no gustó al opositor Partido Popular, que pidió la comparecencia urgente del canciller Miguel Angel Moratinos en el parlamento para conocer de primera mano las gestiones diplomáticas que está realizando España.

El magistrado Moreno señaló que Javier Atristain y Juan Carlos Besance, detenidos el pasado miércoles en el País Vasco, recibieron un curso en Venezuela entre julio y agosto del 2008. Los activistas admitieron en sus respectivas declaraciones ante la policía que aprendieron métodos de codificación de mensajes, desmontaje y limpieza de armas y posiciones de tiro.

El responsable del entrenamiento, según el juez, fue Arturo Cubillas, acusado en otra investigación abierta en España de ser el intermediario en la supuesta alianza entre ETA y la guerrilla colombiana de las FARC para cometer atentados y compartir adiestramiento, bajo el amparo del presidente Chávez.

Caracas siempre ha negado esta relación, que en marzo provocó un choque diplomático entre los dos países.

Cubillas, considerado el responsable del colectivo de ETA en Venezuela, ocupó en 2005 un cargo de nivel medio en el gobierno de Chávez.

De la Vega precisó que Madrid no ha solicitado formalmente la extradición de Cubillas y aseguró que se actuará de acuerdo con «los términos de la resolución judicial».

ETA, catalogada como organización terrorista por la Unión Europa y Estados Unidos, declaró una tregua unilateral el pasado 5 de septiembre. AP